En España hay un debate en torno a la “propina opcional” del 10%, que históricamente se ha considerado una costumbre exótica de Estados Unidos. Sin embargo, en este país, McDonald’s ha puesto en tela de juicio las propinas y el modelo de remuneración en el sector de la restauración.
Contexto
En Estados Unidos, las propinas no son obligatorias por ley, pero se espera que los clientes dejen entre un 15% y un 20%. Esto se debe a que el salario mínimo federal para trabajadores que reciben propinas es de 2,13 dólares por hora, una cifra que no ha cambiado desde 1991. Este bajo salario convierte a las propinas en una forma esencial de aumentar los ingresos de los empleados.
En muchos restaurantes, especialmente cuando se trata de grupos grandes, se impone automáticamente una propina del 18%. Aunque esta práctica es común, tiene sus raíces en tradiciones europeas que se remontan al siglo XVI en Inglaterra.
McDonald’s abre el debate
El consejero delegado de McDonald’s, Chris Kempczinski, ha criticado el modelo de restaurantes que dependen de las propinas, argumentando que esto transfiere la responsabilidad del salario al cliente. Según Kempczinski, mientras McDonald’s paga directamente a sus empleados, otros establecimientos pueden pagar solo 2,13 dólares la hora, siempre que las propinas lleven el ingreso total al salario mínimo federal de 7,25 dólares.
Con la reciente aprobación del “Big Beautiful Bill”, que exime de impuestos las propinas, Kempczinski sostiene que esto crea una “desigualdad de condiciones” frente a cadenas que no utilizan este modelo.
El trasfondo del fenómeno
El sistema de “tipped wages” se ha extendido más allá de la restauración, afectando a sectores de trabajo precario y plataformas digitales. Los repartidores de aplicaciones como Uber Eats dependen de las propinas, y la presión sobre los clientes ha aumentado con notificaciones que sugieren que la calidad del servicio puede depender de la generosidad del cliente.
Prácticas como el “tip baiting”, donde un consumidor promete una propina alta para acelerar el servicio y luego la retira, han generado conflictos. Además, encuestas recientes muestran un creciente cansancio social hacia las solicitudes de propina, reabriendo el debate sobre la sostenibilidad de este modelo de compensación.
La propuesta del gigante
Kempczinski sugiere que la solución sería obligar a todos los restaurantes a pagar el mismo salario mínimo, sin importar las propinas. Algunos estados, como California y Alaska, ya han implementado esta medida, eliminando el “submínimo por propinas” y garantizando sueldos más estables.
El directivo afirma que extender este modelo a nivel federal podría reducir la pobreza y la rotación laboral, al mismo tiempo que nivelaría la competencia entre cadenas de comida rápida y restaurantes tradicionales.
La visión de una economía de dos niveles
Kempczinski describe la situación actual en Estados Unidos como una “economía de dos niveles”, donde los consumidores de altos ingresos siguen gastando en productos premium, mientras que aquellos de ingresos medios y bajos reducen sus visitas a restaurantes. Desde la inflación de 2022, McDonald’s ha enfrentado un creciente descontento por el aumento de precios, lo que ha llevado a que muchos vean la comida rápida como un lujo ocasional.
Reajuste de precios como estrategia
Para contrarrestar la caída de tráfico entre los segmentos de bajos ingresos, McDonald’s ha relanzado un paquete de comidas a cinco dólares y ha reforzado sus promociones. Sin embargo, los franquiciados expresan preocupación por el impacto en sus márgenes, aunque Kempczinski asegura que la mayoría apoya estas medidas.
Un conflicto entre modelos
El debate también refleja un choque cultural. En Estados Unidos, las propinas han sido históricamente un complemento salarial, pero la presión inflacionaria y el auge de las plataformas digitales han desgastado este modelo. Los críticos señalan que se trata de un subsidio encubierto, donde los consumidores financian parte de los salarios.
La intervención de McDonald’s pone de manifiesto cómo las grandes corporaciones ven en este desequilibrio no solo un problema ético, sino también una desventaja competitiva, reavivando un debate sobre la política laboral y la justicia salarial en el país.
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