La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, que representan a ambos colectivos, han emitido un comunicado en el que solicitan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que “por respeto a Su Majestad el Rey” y a los miembros de estas asociaciones, “se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial” que se llevará a cabo este viernes en el Tribunal Supremo.
Argumentan que “sentar junto a Su Majestad el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado”.
Desde la Fiscalía General, se ha recordado que “la asistencia del fiscal general no está en cuestión”, ya que es su “obligación asistir a este acto” según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aseguran que, mientras ocupe el cargo, debe cumplir con sus responsabilidades.
Se cuestiona su asistencia
De acuerdo con informaciones de este diario, desde principios de semana, miembros destacados de la judicatura han cuestionado la presencia de García Ortiz en la apertura de tribunales. Consideran que “quizá lo más acertado sería dar a otro miembro de la Fiscalía la encomienda”, tras el procesamiento del fiscal general por un delito de revelación de secretos que podría haber afectado la presunción de inocencia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el comunicado, las asociaciones mencionadas, junto con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, indican que la presencia de García Ortiz “mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales” que ejercen su labor “desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”.
Las asociaciones expresan su respeto por la presunción de inocencia de García Ortiz, pero enfatizan que “el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos”. Por ello, solicitan al fiscal general que “se abstenga de asistir al acto solemne” de apertura del Año Judicial.
Otras asociaciones, como la de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, se han distanciado de este comunicado, reconociendo que aunque comparten la preocupación por la imagen del fiscal general en un procedimiento judicial, son conscientes de que “esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía”.
El portavoz de esta última asociación, Sergio Oliva, ha declarado que no pueden ignorar que, conforme a la legalidad vigente, “el Fiscal General del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias”, incluyendo la de participar en el acto solemne mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación.
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