El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha virado su estrategia política, pasando de marcar la agenda a enfocarse en influir en ella. Este cambio se produce en un contexto marcado por investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo. Aunque en Moncloa se valora positivamente la iniciativa mostrada en temas como la situación en Palestina, se reconoce una dificultad para controlar los tiempos y las decisiones del poder judicial.
Ante esta situación, y asumiendo que la inestabilidad judicial persistirá, el Gobierno ha optado por una estrategia que incluye una serie de anuncios por parte del Presidente y la implementación de medidas sectoriales con el objetivo de capitalizar el electorado de izquierda. Esta estrategia también implica confrontaciones directas con el Partido Popular (PP) en temas como el aborto.
Esta línea de acción se interpreta como una forma de precampaña, complementada con la participación de Sánchez en mítines, con varios eventos programados en Castilla y León durante el próximo mes.
Estrategia de Precampaña Permanente
Fuentes cercanas al Presidente reconocen que la legislatura en curso se considera una “precampaña” continua. Esta justificación busca distanciar la estrategia del Gobierno de las acusaciones del PP, que intentan proyectar una imagen de adelanto electoral inminente. Sin embargo, la realidad es que tanto Sánchez, tras confirmar su intención de ser nuevamente el candidato del PSOE, como la dirección del partido, con candidatos autonómicos definidos desde hace meses, se preparan para posibles elecciones anticipadas. Se prevé que en el primer semestre del próximo año se celebren comicios en Castilla y León y Andalucía.
La falta de aprobación de presupuestos en algunas comunidades autónomas podría llevar a los presidentes del PP a convocar elecciones anticipadas, como ha sugerido públicamente la Presidenta de Extremadura, María Guardiola. En contraste, el Gobierno central insiste en su intención de agotar la legislatura, incluso si el Congreso rechaza los Presupuestos de 2026. Esta postura es reiterada de manera unánime por ministros y asesores.
Diferencias Entre los Socios de Gobierno
Existen diferentes perspectivas entre los socios de investidura. ERC y EH Bildu consideran probable que la legislatura se extienda hasta 2027, a menos que el caso Koldo revele financiación ilegal del partido o que una moción de censura del PP y Vox, apoyada por Junts, prospere. En cambio, Podemos interpreta que la estrategia del Ejecutivo busca justificar un adelanto electoral en caso de que el proyecto de Presupuestos no sea aprobado.
Podemos considera que las cuentas públicas serían utilizadas como herramienta electoral, destacando el aumento del gasto en vivienda protegida y políticas sociales. Desde el Ministerio de Hacienda se espera poder atraer el apoyo de Podemos, mostrando una clara intención de confrontar programas. Esta tendencia se manifiesta en la presentación de medidas clave en el Congreso sin asegurar previamente los apoyos necesarios, buscando que cada partido defina su postura. La decisión de proceder de esta manera con la ley para la reducción de la jornada laboral, que cuenta con un amplio respaldo social, es un ejemplo de esta estrategia. Se anticipa que la próxima semana se seguirá el mismo camino con la ley de movilidad sostenible y se adelantará la votación del decreto de embargo de armas a Israel.
“Acoso y Derribo”
El Gobierno justifica esta estrategia argumentando que es necesario que los diferentes grupos parlamentarios definan su posición. De lo contrario, sus iniciativas se verían postergadas indefinidamente, generando una imagen de parálisis legislativa. Al mismo tiempo, se busca minimizar y normalizar las derrotas parlamentarias. La estabilidad se asocia a la duración del Gobierno de Sánchez, en comparación con otros países europeos como Francia o Reino Unido, donde ha habido cambios frecuentes de Primer Ministro, y al buen desempeño de la economía.
La postura oficial de Moncloa respecto a las causas judiciales que involucran a la esposa del Presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, es que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”, sugiriendo una “guerra sucia judicial” y un intento de “acoso y derribo”. Por ello, se ha intensificado la presión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que evite lo que consideran un “desprestigio” de la justicia, limitando las decisiones del juez Juan Carlos Peinado.
El Gobierno deposita su confianza en la Audiencia de Madrid, donde se están revisando varios recursos presentados por la fiscalía y la defensa. Recientemente, el magistrado determinó que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todos los delitos que se le imputan. En cuanto al juicio por revelación de secretos al fiscal general, el Tribunal Supremo ha programado su celebración entre los días 3 y 13 de noviembre.
Salto a la Ofensiva
La postura del Gobierno sobre el “lawfare” (utilización del poder judicial con fines políticos) une a los socios de investidura, desde Podemos hasta Junts, quienes se identifican con la crítica a procedimientos que les han afectado en el pasado. Esta estrategia implica un choque entre poderes, que Sánchez inició al acusar a ciertos jueces de actuar políticamente. Ministros socialistas han sugerido que el juez Peinado busca influir en la agenda y los tiempos políticos, argumentando que “las casualidades no existen”.
La ofensiva de Sánchez se manifiesta tanto en el discurso como en la ideología. Aprovechando el retroceso del espacio a su izquierda y la competencia en el bloque de la derecha, que según las encuestas frena al PP y favorece a Vox, los socialistas buscan capitalizar causas como la de Palestina y confrontar modelos con el sector más conservador del PP. Se utilizan las políticas de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid como ejemplo de las políticas que implementaría un gobierno conservador con el apoyo de la ultraderecha. Al mismo tiempo, se reconoce la influencia de la Presidenta madrileña en la estrategia del principal partido de la oposición, cuestionando el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
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