El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el martes una apuesta por la “transparencia” e “integridad”, argumentando que “gobernar no es decidir en soledad sino de acuerdo con la ciudadanía”. Lo hizo durante la inauguración de la cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto 2025, celebrada en Vitoria.
En el marco de este evento, el Gobierno lanzó un plan de transparencia. Sin embargo, este plan no ha recibido el respaldo de organizaciones como Civio, Hay Derecho o Access Info Europe, quienes lo califican de “cosmético”, buscando “el titular” sin un fundamento legal sólido ni garantías de ejecución.
Críticas de la sociedad civil
Las asociaciones de la sociedad civil, que participan en el foro, han estado en conversaciones con el Ministerio de Transición Digital y Función Pública durante un año y medio para la elaboración del plan de Gobierno abierto, incluyendo intercambio de documentos y reuniones. Se esperaba que el plan se votara en junio, pero el Ejecutivo pospuso la votación hasta este lunes, coincidiendo con la cumbre internacional en Vitoria.
Según estas organizaciones, el resultado fue “decepcionante”. Carlos Cordero, presidente y fundador de Access Info Europe, organización que impulsa el derecho a la información y la rendición de cuentas desde 2006, describe que “nos lo mandaron unos días antes de votarlo. Después de meses trabajando con borradores, en el documento final desaparecieron los resultados y las conclusiones. No lo tuvieron en cuenta”. Cordero censura que “se ha hecho francamente mal”.
La fundación Hay Derecho, dedicada a la transparencia y la regeneración de las instituciones, tampoco apoyó el plan en la votación del lunes. Safira Cantos, su directora, lamenta que “están convirtiendo los mecanismos de participación en mecanismos de pastoreo de la sociedad civil”. Critica el método empleado: “Convocan muchas reuniones, consumen tiempo para que parezca que están alineadas pero luego no se ven resultados ni medidas concretas”.
Dudas sobre la ley de administración abierta
El Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de administración abierta, coincidiendo con el foro y la intervención de Sánchez. David Cabo, fundador de Civio, señala: “En vez de aprovechar el trabajo que hemos hecho para hacer un cambio en la ley que tenemos, empiezan con una ley de cero que nunca se va a aprobar porque toca mil temas y va a generar reticencias”. Cabo considera que, a dos años de agotar la legislatura, es difícil que se apruebe.
Cabo afirma que “nadie ha visto” el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros. “Estamos muy disgustados con todo el proceso”, admite. El principal riesgo que observan es “que la legislatura acabe y digan eso de ‘lo hemos intentado pero no hemos podido'”. Para Cabo, tanto el plan de gobierno abierto como el proyecto de ley aprobado es un intento de “aparentar que haces cosas sabiendo que en la práctica no se va a hacer”, calificándolo como “una patada para adelante”.
Cabo critica que este plan sea una “oportunidad perdida” para atender la principal demanda del sector: la reforma de la actual ley de transparencia de 2013, un compromiso que el Gobierno ya adquirió en el anterior plan de transparencia 2021-2024 y que en esta ocasión, critican, ha desaparecido. En su lugar, “todo se diluye en una etérea ‘ley de Administración abierta'”, algo que consideran “una ley para todo’ que mezcla sin criterio asuntos tan cruciales y dispares como obligaciones de transparencia, conflictos de intereses o altos cargos”.
Los consultados coinciden en que “es imposible de aprobar”, lo que parece “un intento de cumplir el expediente”. Cordero percibe que “esta ley confunde, mezcla cosas”, añadiendo que “es enredar un poco todo. En vez de dar soluciones, genera problemas”.
Independencia y poder al Consejo de Transparencia
Las tres organizaciones consultadas coinciden en la necesidad de reformar la ley de transparencia, que ha mostrado “muchos problemas” desde su aprobación. Proponen reformas “quirúrgicas” en dos sentidos.
La primera medida sería dar “más poder e independencia” al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), según Cabo. Actualmente, el órgano depende orgánicamente del Ministerio de Transformación Digital, que también propone a su presidente. Consideran necesaria una reforma para “blindar la independencia” de cara al futuro.
En paralelo, reclaman darle capacidad sancionadora para evitar situaciones en las que las administraciones deniegan el acceso a información, y tras apelar al CTBG, el órgano resuelve que debe brindarse la información. El problema es que el órgano no tiene capacidad de sancionar en caso de incumplimiento. “Las organizaciones ignoran por sistema las resoluciones. Hay un vacío en la ley”, señala Cabo. En estos casos, el demandante de información debe acudir a los tribunales, o incluso el propio CTBG.
Cordero reflexiona sobre la paradoja de que “a veces se enfrentan en los tribunales un abogado del Estado representa al Gobierno frente a un abogado del CTBG que también paga el Gobierno”.
Derecho fundamental
La segunda reforma iría encaminada a reforzar la norma para que los gobiernos se vean obligados a facilitar información, elevando el rango de la ley de transparencia. “Queremos que el derecho de acceso a la información se considere fundamental y sea una ley orgánica”, sostiene Cordero. Actualmente, es solo un derecho administrativo, secundario cuando colisiona con otros derechos como la protección de datos, reconocida como fundamental.
“Cuando esto pasa, deja mucho espacio para la discrecionalidad y las instituciones siempre se acogen a excepciones para no dar la información”, detalla Cordero. “La ley en vigor es muy débil, tiene muchos defectos e imprecisiones y al no ser ley orgánica no se considera derecho fundamental y genera muchos problemas en el derecho a la información”, continúa, mostrando escepticismo: “No existe una voluntad política de cambiarlo
Fuente original: ver aquí