Una vez más, los pasajeros de líneas aéreas han quedado reducidos a la condición de rehenes en un conflicto gremial que, por legítimo que pueda ser en sus demandas, se torna inadmisible en sus formas. El paro de ayer convocado por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) —el tercero en apenas cinco días, pues se esperan otros para mañana y para el próximo sábado— ha vuelto a colapsar la actividad aérea del país, y generará al cabo de todas las jornadas perjuicios directos a unas 100.000 personas. Detrás de esa cifra hay trámites vitales interrumpidos, compromisos postergados, pérdidas económicas irreparables y una sensación generalizada de impotencia ciudadana.
No se cuestiona ni banaliza el reclamo salarial de un gremio, ni se desconocen las tensiones estructurales que atraviesan las negociaciones salariales, pero se impone trazar un límite preciso cuando el ejercicio de un derecho —el de huelga, consagrado constitucionalmente— se convierte en una herramienta de coacción sobre derechos ajenos. Nadie debería impedir que una persona se traslade, se reúna, trabaje, acceda a la salud o simplemente viaje por placer. Cuando ello ocurre, el conflicto sindical trasciende su dimensión legítima y se convierte en un acto de injusticia.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del problema creado con la medida de fuerza: entre cancelaciones y reprogramaciones, solo ayer se vieron afectados más de 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías que tampoco pudieron desenvolverse según sus cronogramas de trabajo. El efecto arrastre compromete la totalidad de la operación aérea nacional durante toda la semana. Y lo más alarmante es que los pasajeros ya no se enfrentan a demoras puntuales, sino a un régimen de incertidumbre que raya en la arbitrariedad. Por ejemplo, se registran casos de vuelos autorizados a partir que, ya con pasajeros a bordo, son frenados sin explicación alguna. Situaciones todas inadmisibles.
En este contexto, el Estado tiene una responsabilidad insoslayable. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) afirma haber realizado 17 audiencias y presentado propuestas concretas de recomposición salarial. Atepsa sostiene que ninguna fue satisfactoria. Más allá del desacuerdo, resulta imperioso que los mecanismos institucionales preserven el principio de equidad: ningún reclamo sectorial puede legitimar la vulneración sistemática de derechos del resto de la sociedad.
Reivindicar el derecho a huelga exige también la valentía de reconocer sus límites. Y esos límites comienzan cuando el ejercicio de un derecho se transforma en una forma de imposición unilateral. La resolución de los conflictos laborales debe enmarcarse en el respeto a la legalidad y al bien común. De lo contrario, caemos en una forma sutil —pero efectiva— de violencia social.
El país necesita que se garanticen los derechos de todos, no solo de quienes tienen capacidad de paralizarlo. En un Estado de Derecho, ninguna causa, por justa que parezca, autoriza el atropello.
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