El Gobierno central ha solicitado a Alberto Núñez Feijóo que intervenga para asegurar que Isabel Díaz Ayuso acate la ley en lo referente a la creación del registro de objetores de conciencia al aborto, garantizando así el ejercicio de este derecho en la sanidad pública. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha sido contundente al afirmar que “no puede haber comunidades insumisas en el cumplimiento de la ley”, instando al líder del PP a “poner pie en pared”. Sin embargo, Montero ha expresado dudas sobre la capacidad de Feijóo para imponer su criterio dentro de su propio partido.
Cuestionamiento del liderazgo de Feijóo
“A Feijóo se le ven las costuras, no tiene liderazgo, más cuando tiene a Ayuso con un criterio diferente”, declaró Montero a los medios tras una visita al Taller de Unidades Abiertas Planas (TUAP) del Astillero Navantia San Fernando en Cádiz. Esta declaración se suma a la advertencia previa de Pedro Sánchez, quien señaló que “nadie va a estar por encima de la ley”, sugiriendo la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en el caso de la Comunidad de Madrid. Sánchez también abogó por blindar este derecho mediante una reforma constitucional, lo que requeriría el apoyo del PP en el Congreso.
Desde el Gobierno, los socialistas buscan evidenciar las divisiones internas dentro del PP, al tiempo que intentan debilitar el liderazgo de Feijóo. Argumentan que los populares están cediendo terreno a las demandas de Vox en las regiones donde gobiernan. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias y ha calificado de “aberrantes” las declaraciones de Ayuso, quien sugirió que las mujeres que deseen abortar “se vayan a otro lado”.
La respuesta de Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado la petición del Gobierno, argumentando que “no voy a hacer la lista negra de médicos nunca”. Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, defendió su postura basándose en que la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos protegen a los profesionales para no declarar sobre su ideología, religión o creencias.
La postura de Feijóo
El líder de la oposición, por su parte, ha manifestado: “Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”. Además, criticó a Sánchez, acusándolo de “no defender a las mujeres, las utiliza”.
El requerimiento del Gobierno
Como parte de su estrategia para garantizar el derecho al aborto, el Gobierno central ha enviado un requerimiento a los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias, Illes Balears y Madrid, otorgándoles un plazo de tres meses para crear y regular el Registro de Personas Objetoras. El objetivo es evitar obstáculos en la interrupción voluntaria del embarazo, como derivaciones a la sanidad privada o a otras regiones. Se busca “garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.
Marco legal
La Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, establece la obligación para todas las comunidades autónomas de crear un Registro de Objetores. En 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el protocolo correspondiente por unanimidad. Según el Gobierno, la ausencia de este registro “limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley”. Se insiste en que el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales “nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.
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