Un número indeterminado de empleados federales del sector salud recibieron notificaciones de cese el viernes por la tarde, como parte de una reducción masiva de personal impulsada por la administración Trump. Altos funcionarios y abogados especializados en derecho laboral federal señalan que esta medida podría ser ilegal.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha experimentado cambios significativos desde la llegada de Trump a la presidencia. Al inicio de su mandato, se produjo una reducción de 10,000 empleados a través de jubilaciones anticipadas, renuncias diferidas y otras estrategias, además de 10,000 despidos adicionales. Esto redujo la fuerza laboral del HHS de 82,000 a 62,000 empleados. En el contexto del actual cierre del gobierno –originado por una disputa sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), que cuentan con el apoyo del 80% de los estadounidenses– más de 32,000 empleados del HHS se encuentran en situación de licencia sin sueldo.
En una declaración enviada por correo electrónico a Ars Technica, el Director de Comunicaciones del HHS, Andrew Nixon, confirmó que empleados del HHS “en múltiples divisiones” han recibido notificaciones de cese.
El HHS no respondió a las preguntas sobre el número exacto de empleados afectados ni sobre las agencias a las que pertenecen. Sin embargo, Nixon afirmó que “todos los empleados del HHS que recibieron notificaciones de reducción de personal fueron designados como no esenciales por sus respectivas divisiones”.
La declaración de Nixon atribuyó los despidos a “una consecuencia directa del cierre del gobierno liderado por los demócratas”. En la disputa de financiación que condujo al cierre, los demócratas están presionando para que se extiendan los populares créditos fiscales de la ACA, que de otro modo expirarían a finales de año. Nixon también culpó a la administración Biden por convertir al HHS en una “burocracia inflada, aumentando su presupuesto en un 38 por ciento y su fuerza laboral en un 17 por ciento”.
Cuestionamientos sobre la Legalidad de los Despidos
Los despidos actuales son resultado del trabajo del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, uno de los principales creadores del “Project 2025”, un plan que contempla una reducción drástica de la fuerza laboral federal. Vought anunció en una publicación en X que las terminaciones “han comenzado”.
Sin embargo, como informó The Washington Post, altos funcionarios del gobierno han advertido que los despidos de Vought en medio de un cierre son probablemente ilegales, contraviniendo la Ley Antideficiencia. Esta ley prohíbe al gobierno incurrir en nuevos gastos durante un cierre, y el proceso de despido de empleados –que incluye paquetes de indemnización– implica precisamente eso.
Abogados especializados en derecho laboral federal declararon al Post que la medida es casi con seguridad ilegal por una segunda razón: según las regulaciones federales, una interrupción de la financiación impulsada por un cierre no cuenta como una de las razones por las que se puede despedir a empleados federales.
La semana pasada, la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) y otros sindicatos que representan a trabajadores federales presentaron una demanda por las amenazas de la administración Trump de despedir a trabajadores durante el cierre.
En una declaración, el Presidente Nacional de la AFGE, Everett Kelley, afirmó: “Es vergonzoso que la administración Trump haya utilizado el cierre del gobierno como una excusa para despedir ilegalmente a miles de trabajadores que brindan servicios críticos a las comunidades de todo el país”.
“La AFGE está desafiando actualmente el abuso de poder ilegal y sin precedentes del Presidente Trump, y no dejaremos de luchar hasta que se rescinda cada notificación de reducción de personal”, concluyó Kelley.
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