La defensa de Santos Cerdán, quien fuera número 3 del PSOE y actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones irregulares investigada en el caso Koldo, ha presentado un recurso ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. El objetivo es revocar las decisiones del instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente.
La apelación se centra en la alegación de que la investigación se inició antes de que Cerdán renunciara a su escaño como diputado. Esto, según la defensa, constituye una investigación ilegal a un aforado. Además, advierten que esta situación podría repetirse en el caso de otros investigados, como el ministro Ángel Víctor Torres.
Investigación a aforados sin suplicatorio
El escrito de apelación, al que ha tenido acceso este medio, hace referencia al auto dictado por el juez Puente, en el que se delimitaban los hechos y las personas investigadas en la causa. Según la defensa, en ese auto no se incluía a Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres ni a ningún otro aforado. Sin embargo, posteriormente, se ordenó a la Guardia Civil analizar las comunicaciones entre Cerdán, Torres, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
La defensa argumenta que esta orden “alude directamente a Santos Cerdán, Ábalos y otros aforados, restringiendo derechos fundamentales”. Por lo tanto, consideran que era necesario un suplicatorio previo y que “los jueces y policías” debían abstenerse de cualquier actuación sin obtenerlo. Para respaldar esta postura, los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo citan un estudio jurídico sobre el aforamiento publicado por el magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar.
“Es una investigación directa y restrictiva de derechos fundamentales”, insiste el escrito. Además, se solicita a la Sala que se identifique al resto de aforados que estarían siendo investigados por la Guardia Civil y se pide la “suspensión de dicha actuación”.
“Es clamoroso, incluso estos días que se encuentra próximo a entregarse nuevo oficio de la Guardia Civil relativo al resto de aforados, tratándose de una actuación objetivamente ilícita”, añade la defensa, en referencia al ministro Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aunque sin nombrarlos explícitamente en este punto.
Solicitud de nuevo suplicatorio para Ábalos
La defensa de Cerdán también señala que “habría de darse comunicación, por el cauce adecuado, al Congreso de los Diputados la existencia de las investigaciones de aforados sin suplicatorio”. En este sentido, recuerdan que Ábalos “continúa siendo inmune y aforado” y que, a pesar de que se trata de “hechos nuevos” relacionados con las adjudicaciones de obras, no se ha solicitado un nuevo suplicatorio para proceder contra él. Incluso, se ha acordado una nueva declaración para el exministro, “desatendiendo el procedimiento establecido”.
Por otro lado, la defensa de Cerdán sostiene que “el origen de este nuevo y diferente procedimiento” es la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, donde se inició la investigación de la trama Koldo.
Por ello, consideran necesario acceder a documentos de la Audiencia Nacional relacionados con la investigación contra Aldama por su presunta implicación en una red de fraude de IVA en hidrocarburos, que, según la defensa, constituye “la verdadera causa grave” contra el comisionista.
“A nadie se le escapa que el señor Aldama obtiene sus ingresos del fraude de IVA en hidrocarburos, 180 millones, y que precisamente con esas ilícitas ganancias trata, sin conseguirlo, de comprar la voluntad del ministro Ábalos en favor del opositor venezolano Guaidó”, se afirma en el escrito. Por lo tanto, piden verificar si entre las visitas recibidas por Aldama en prisión podría encontrarse algún negociador “que ofreciera algún tipo de premio, además de los que obviamente ya obtuvo, como su libertad y la ausencia de persecución de sus bienes”.
El papel de Koldo García
En relación con Koldo García, la defensa de Cerdán señala que “el problema se agrava cuando constan audios en los que intervienen Guardia Civiles”, incluyendo a Rubén Villalba, investigado en la parte del caso Koldo que sigue en la Audiencia Nacional.
“Más aún, cuando se acrecienta la posibilidad de que el señor Koldo actuase consciente o inconscientemente como larga mano de la propia Guardia Civil en la posible obtención de audios a los que la hipótesis acusatoria se aferra por proseguir con la investigación sin resultado material alguno hasta la fecha, trascurridos 9 meses desde el origen”, añaden los abogados de Cerdán.
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