El abogado de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el sobreseimiento libre de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se le imputan a su clienta. El escrito fue presentado ante el juzgado que investiga las actividades de Begoña Gómez.
Labor de “mensajera”
Según el documento, al que ha tenido acceso esta redacción, el letrado José María de Pablo argumenta que los correos electrónicos recopilados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestran que Álvarez “realiza una labor de mensajera” y se limita a “transmitir recados entre Begoña Gómez y el [exvicerrector Juan Carlos] Doadrio para la modificación de alguna cláusula de las adendas firmadas por la Universidad Complutense con diversas empresas privadas”.
El abogado defensor sostiene que del análisis de los mensajes por parte de la UCO se desprende que la intervención de Cristina Álvarez en relación con la cátedra de Begoña Gómez es “marginal”, limitándose a participar en “cuestiones de trámite, como modificaciones en las adendas, corrección de erratas, firmas de actas, o reenvío de comunicaciones”.
Ausencia de presión moral
El escrito también niega que Cristina Álvarez haya ejercido “ninguna presión moral eficiente sobre ningún funcionario”, ni que existan testigos que le atribuyan tal comportamiento. Por lo tanto, el abogado considera que no se le puede imputar el delito de tráfico de influencias.
En relación con tres mensajes dirigidos a una empleada de la aseguradora Reale, donde se transmitía un recado de Begoña Gómez sobre su interés en continuar la relación con la empresa un año más, el letrado argumenta que la persona que recibió los correos “carece de la condición de funcionaria”, lo que imposibilita que su envío pueda considerarse tráfico de influencias, delito que exige la presión sobre un funcionario.
Además, el abogado destaca que para estas gestiones, consideradas menores, Álvarez “empleaba su cuenta personal de Gmail, y no la corporativa de Moncloa”, lo que, según él, refuerza la idea de que no existía intención de ejercer presión sobre ningún funcionario.
“Interés político”
El letrado también critica la acusación popular, calificándola de “temeraria y de mala fe” al imputar a Álvarez un delito de apropiación indebida, cargo por el que no fue imputada ni por el juez Peinado ni por la Audiencia Provincial. El abogado argumenta que se le imputa un delito “describiendo hechos que claramente no constituyen el delito”.
En este sentido, el abogado sostiene que la imputación contra su clienta “responde, exclusivamente, al interés político y mediático de esa acusación popular” y que “esa no es la función de los procedimientos penales”.
Por todo lo anterior, la defensa se opone a la tramitación de la causa mediante procedimiento del Tribunal del Jurado, pide el sobreseimiento libre por la ausencia de indicios y reclama “la condena a la acusación popular del abono de las costas procesales”.
Contexto
Este caso se enmarca en una investigación más amplia sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, generando un intenso debate público y político. Las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios son graves y, de confirmarse, podrían tener consecuencias significativas tanto para la implicada como para el entorno político.
La defensa de la asistente busca desvincularla de cualquier actividad ilícita, argumentando que su rol se limitaba a tareas administrativas y de mensajería. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la responsabilidad de los colaboradores en situaciones similares.
Claves y próximos pasos
- Análisis de las pruebas presentadas por la defensa, especialmente los correos electrónicos.
- Valoración de la condición de funcionario de las personas involucradas en las comunicaciones.
- Decisión del juez sobre si existen indicios suficientes para continuar con la investigación o si procede el sobreseimiento.
- Se puede esperar una respuesta del juez Peinado en las próximas semanas, tras analizar los argumentos de la defensa y las pruebas presentadas.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este caso, como otros de relevancia pública, contribuye al debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de asuntos públicos y privados.
¿Qué mirar a partir de ahora? Estar atento a la decisión del juez y a las posibles reacciones de las partes implicadas.
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