El sindicalista Pedro Serrudo, de 77 años, quien se desempeñaba como secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) en la ciudad de Salta, fue obligado a jubilarse tras revelarse que llevaba 30 años sin presentarse a trabajar, pese a lo cual seguía cobrando su sueldo como empleado municipal de planta permanente.
La decisión administrativa fue tomada por el intendente de la capital salteña, Emiliano Durand, mediante un decreto en el que se enfatizaba que Serrudo cumplía con los años de aportes necesarios para iniciar los trámites jubilatorios (45 en el UTM y 50 en total). La medida fue ratificada por un fallo judicial que dispuso su exclusión de la tutela sindical.
Fundamentos del decreto
El decreto establece que “el empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio” y aclara que el retiro entrará en vigencia una vez que Serrudo acceda a la prestación previsional. En ese momento, se explica, habrá cesado “legalmente” su carrera administrativa, según informó El Tribuno.
“Él no quiere irse, pero acá la ley es igual para todos”, enfatizó el intendente Durand a través de un video publicado en redes sociales. Aseguró que “no es un castigo ni es contra nadie”, sino que se trata de “hacer cumplir la ley” y “terminar los ciclos” para que la municipalidad y la ciudad avancen. “Acá no hay privilegios. Nadie es dueño de la ciudad ni de la municipalidad (…) Esto es cuidar el patrimonio de los salteños”, argumentó.
Decisión judicial
En junio de este año, la jueza Graciela Moreno, del Juzgado Contencioso Administrativo de Salta, determinó que Serrudo debía concluir su gestión al frente del UTM tras haber superado los años de aporte, aclarando que no podía ampararse en su condición de “representante gremial” para permanecer en el puesto de forma indefinida.
Según El Tribuno, entre los fundamentos de la norma dictada por Moreno se hacía hincapié en que “la exclusión de la tutela sindical no tiene carácter persecutorio, sino que obedece a una causal objetiva, de carácter biológico, vinculada a la extinción natural de la relación laboral”.
Se especificó que la decisión no implica un acto “antisindical”, sino que busca hacer prevalecer “las normas previsionales vigentes” y que se respetaría su mandato hasta 2026 y 2027 mientras avanza su jubilación. “Se pone fin a una relación laboral que ha alcanzado el límite legal y biológico”, aclara el fallo.
El sindicalista, que integraba el sindicato desde hace 50 años, cuestionó la validez de las resoluciones y se amparó en sus “mandatos sindicales” para intentar mantenerse al frente de la organización. Sin embargo, su descargo fue rechazado por la Procuración General de la Municipalidad y se ratificó la sentencia.
Licencia gremial
El punto clave del fallo judicial fue que, según las actas del UTM, Serrudo hacía usufructo de una “licencia gremial con goce de haberes desde el año 1993”. Esto significa que era considerado empleado municipal pese a no asistir a su lugar de trabajo desde entonces.
En 2013, el sindicalista ya había sido intimado a iniciar los trámites jubilatorios. Más de 10 años después, la orden no había sido cumplida, a pesar de haber sido notificado en su domicilio al respecto. Ante su negativa, se inició la acción judicial.
Tras el fallo, Serrudo realizó una manifestación en el Centro Cívico Municipal, junto con trabajadores del sindicato, expresando su rechazo a la decisión que concluirá con sus 50 años como trabajador de planta permanente en Salta y más de tres décadas al frente de la UTM.
Contexto
Este caso pone de relieve la tensión entre los derechos laborales, las responsabilidades de los empleados públicos y la gestión eficiente de los recursos municipales. La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de las administraciones públicas y la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley.
La jubilación forzosa de un sindicalista con una larga trayectoria, pero con un historial de ausentismo laboral, genera un debate sobre la legitimidad de los privilegios sindicales y la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Este tipo de situaciones puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la administración pública.
Claves y próximos pasos
- La decisión judicial que obliga a la jubilación marca un precedente importante en la provincia.
- El intendente busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de cumplir con la ley y terminar con los privilegios.
- Se espera que Serrudo apele la decisión judicial y continúe su lucha legal.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de decisiones buscan garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos, lo que podría traducirse en mejores servicios para la comunidad.
¿Qué mirar a partir de ahora? Estar atento a las posibles apelaciones y a las reacciones del sindicato ante esta situación.
Fuente original: ver aquí