El Gobierno ha insinuado la existencia de racismo en algunas posturas políticas, especialmente en el contexto del rechazo de algunas comunidades autónomas a acoger menores de Canarias. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, planteó la siguiente interrogante: “¿por qué cuando huían de una invasión menores de Ucrania eran acogidos y se mandaban autobuses a las fronteras para traerlos a los pueblos y se recibían con algarabía, con alegría y por qué si son africanos lo que vamos es al Tribunal Constitucional?”
Torres subrayó que “estos menores que vienen de África, que tienen 15, 16, 10 años, 5 años, son menores iguales que los que vienen de Europa. Son niños iguales”, en una entrevista en RNE donde reflexionó sobre la normativa que regula el reparto de menores, la cual ha sido cuestionada por varios ejecutivos regionales del PP.
Ante la rebeldía de algunas autonomías, el Gobierno responderá con la imposición de la ley, incluso recurriendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como anunció el propio ministro. Sin embargo, Torres expresó su confianza en que “los presidentes autonómicos van a cumplir” con la normativa, a pesar de no compartirla.
El ministro aclaró que existe un mecanismo “reglado” para asegurar el cumplimiento de la ley. “Si una comunidad, una administración que tiene esa competencia, no lo asume, automáticamente la Fiscalía de Menores hará que se cumpla la ley”, explicó.
Torres reconoció que esta situación implica una “solidaridad obligatoria”, ya que se establece a través de un mecanismo legislativo, resultado de que el enfoque voluntario no funcionó. Esta medida fue impulsada en 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y a petición de Andalucía.
El ministro consideró un “sin sentido” que las comunidades gobernadas por el PP se opongan a la aplicación de esta norma, mientras que regiones como Baleares han anunciado su intención de acogerse a la medida y solicitar la “contingencia migratoria”.
Por último, el Gobierno respondió a las críticas sobre el supuesto reparto desigual de menores, afirmando que “ninguna comunidad se queda fuera” del proceso, que se basa en datos oficiales proporcionados hasta el 31 de diciembre. “Esto es muy importante porque hasta ahora lo que escuchamos eran opiniones subjetivas”, concluyó Torres.
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