Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha expresado su desacuerdo con los jueces que cuestionaron la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial. La ministra defendió al jefe de la Fiscalía, quien está siendo procesado, y respaldó las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, afirmando que los magistrados que criticaron la asistencia del fiscal “están haciendo política” y forman parte de “la estrategia del PP”.
En una entrevista en RNE, Díaz se refirió a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del sector conservador que rechazaron la asistencia de García Ortiz, señalando que “ellos serían parte de esa estrategia del PP”. Aseguró que “los magistrados y magistradas tienen que respetar la institucionalidad”.
Aunque reconoció que muchos jueces realizan un trabajo excepcional, también indicó que “hay jueces y juezas cuyas conductas son irregulares y manifiestan injerencia en la política”. Este discurso sigue la línea del presidente, quien había hecho declaraciones similares en una entrevista en TVE.
Al ser cuestionada sobre si el fiscal debería dimitir o ausentarse del acto, Díaz consideró “no razonable” este debate y defendió su presencia, argumentando que “representa la institucionalidad de nuestro país”.
Además, la vicepresidenta criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por intentar “hackear” y “golpear” las instituciones tras su ausencia en el acto como protesta por la asistencia de García Ortiz, a lo que Díaz calificó de “espectáculo”. También cuestionó la petición del PP para que un ministro de justicia no presida el año judicial, aclarando que esta solicitud fue dirigida al fiscal general, no al titular de Presidencia, Félix Bolaños.
Díaz equiparó al PP con figuras como Javier Milei, Donald Trump y Giorgia Meloni, afirmando que existe “una estrategia para destrozar las instituciones”. Afirmó que el PP está “hackeando las instituciones” y criticó su comunicación con el rey de España, sugiriendo que esto implica un intento de “someter al Rey a un choque institucional”.
Fuente original: ver aquí
