La capital de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el Gobierno del país por el despliegue de la Guardia Nacional en sus calles, ordenado el mes pasado por el presidente Donald Trump. Desde el 11 de agosto, miles de soldados de la Guardia local y de otros siete Estados patrullan los principales monumentos y el sistema de metro, entre otros puntos de Washington, para abordar lo que el mandatario considera una ola de delincuencia que justifica una declaración de emergencia. Sin embargo, las cifras oficiales indican lo contrario.
“Ninguna ciudad estadounidense debería ver a soldados estadounidenses patrullando sus calles, especialmente soldados de fuera del Estado, que no rinden cuentas a los residentes locales ni están formados en las medidas locales de mantenimiento del orden”, declaró en un comunicado el fiscal general de Washington, Brian Schwalb. “Hemos presentado esta demanda para poner fin a este exceso ilegal federal”.
La demanda se produce dos días después de que un juez federal en San Francisco declarara ilegal un despliegue similar de tropas de la Guardia Nacional ordenado por Trump en junio pasado en Los Ángeles, también con el argumento de proteger la seguridad ciudadana. Esto ocurre en medio de crecientes amenazas del presidente de repetir la operación en otras ciudades de mayoría demócrata, como Chicago, Baltimore y Nueva Orleans, todas gobernadas por alcaldes demócratas y afroamericanos.
Trump sostiene que los despliegues han mejorado drásticamente la seguridad en ambas ciudades. Este jueves, el presidente alardeaba en su red social, Truth, del número de detenciones en Washington desde que patrullan las calles no solo soldados, sino también agentes de la policía federal y de inmigración. Según datos de la Casa Blanca, en las tres semanas de despliegue se han producido 1.669 detenciones y se ha apartado de las calles a 709 delincuentes.
Sin embargo, las encuestas indican un profundo descontento entre las 700.000 personas que viven en el centro urbano y más de seis millones en el área metropolitana. Cerca del 80% se opone al despliegue, y un 78% se considera menos seguro debido a la presencia de las tropas en las calles. Profesionales del sector de la hostelería, como el chef español José Andrés, han criticado públicamente la decisión del presidente y denunciado un descenso en la ocupación de bares y restaurantes desde el inicio de la operación.
En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, consideró la demanda de la ciudad como “otro intento de perjudicar, a expensas de los residentes y visitantes del Distrito de Columbia, el enorme éxito de la operación del presidente para detener el crimen violento en Washington”.
En el caso de Los Ángeles, el juez encargado del caso, Charles Breyer, determinó que el despliegue de tropas viola la ley Posse Comitatus, firmada en 1878, que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden. “Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los demandados recurrieron sistemáticamente al uso de soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros de protección y barreras al tráfico, participar en el control de multitudes y en general demostrar una presencia militar en torno a Los Ángeles. En suma, los demandados violaron la ley Posse Comitatus”, escribió el magistrado.
Otra norma, la ley contra la Insurrección, de 218 años de antigüedad, autoriza al presidente a desplegar a la Guardia Nacional en caso de rebeldía contra el Gobierno en alguno de los Estados de la Unión. Esta norma establece que la orden presidencial debe llegar “a petición de la legislatura del Estado afectado, o del gobernador si la legislatura no puede reunirse”, pero también concede al presidente la potestad de enviar tropas de la Guardia Nacional si lo considera necesario para combatir esa insurrección.
El caso de Washington es diferente, dado que la ciudad no tiene estatus de Estado, sino meramente de distrito. Su Guardia Nacional, que en el caso de los Estados está bajo el mando del gobernador, queda bajo el mando directo del presidente. Sin embargo, la demanda alega que la orden de despliegue, sin el permiso expreso de la alcaldesa Muriel Bowser, viola la autonomía de la ciudad, consagrada por una ley de 1973. La demanda también se hace eco de los argumentos de Los Ángeles, al señalar que la presencia de los militares en las calles “pasa por encima de un principio fundamental de la democracia estadounidense, que el ejército no debe participar en tareas de mantenimiento del orden en territorio nacional”.
Esta es la segunda demanda que presenta Washington contra la orden de Trump. En la primera, se argumentó que el presidente no podía tomar el control de la policía local, como preveía el texto del documento. Finalmente, la fiscal general, Pam Bondi, dio el visto bueno a que los agentes federales tuvieran un papel más limitado en su cooperación con las operaciones de la policía metropolitana.
Fuente original: ver aquí
