La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha acreditado que Vladímir Artyakov, director general adjunto primero de la corporación estatal rusa Rostec y oligarca vinculado a Vladímir Putin, utilizó a familiares para blanquear 16.026.684 euros al adquirir una “lujosa mansión” en la Costa Brava con “dinero ilícito procedente de Rusia”, según un informe de 8 de mayo de 2025, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO. La UDEF describe a Rostec como “el principal desarrollador y fabricante ruso de equipos de aviones“, que incluye 11 holdings empresariales que operan en la industria militar rusa.
Artyakov utilizó a su suegra de 97 años, Anna Kurepina, “como un testaferro“, permitiendo que su patrimonio quedara oculto tras ella, en un entramado diseñado para blanquear capitales a través de operaciones inmobiliarias con dinero ilícito de Rusia. La Policía destaca que la familia adquirió un total de ocho fincas valoradas en aproximadamente 14 millones de euros.
Las propiedades fueron finalmente registradas a nombre de su hijo mayor, Dmitry Artyakov, detenido el 14 de julio en S’Agaró (Girona). Durante la vista en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión a cambio de una fianza de un millón de euros, los fiscales señalaron a Vladímir Artyakov como el principal responsable de la operación, aunque no está formalmente imputado en el procedimiento que investiga el juez Ismael Moreno. El resto del dinero recibido en España por los Artyakov, hasta los 16 millones de euros, fue utilizado para reformas de las fincas adquiridas y un seguro a nombre del propio patriarca.
En el registro de la mansión en julio, se encontraron 220.000 euros en efectivo y un coche marca Lexus modelo 350, el cual fue adquirido por el hijo del oligarca con su tarjeta de crédito por 123.000 euros. Tras ser liberado por decisión del juez Moreno, Vladímir Artyakov ha solicitado la devolución de estos fondos y de tres relojes de gran valor que le fueron intervenidos.
Audiencia Nacional
Las investigaciones se enmarcan en el seguimiento del juez Ismael Moreno sobre el presunto blanqueo de 35 millones de euros derivados del saqueo del Tesoro ruso, vinculado al fondo de capital Hermitage Capital Management, que supera los 200 millones de euros. Estas pesquisas fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción tras las denuncias del ciudadano británico Bill Browder, en 2017 y 2018, que aportó información sobre operaciones de lavado de dinero en España.
El informe policial indica que casi el 70% de las transferencias internacionales recibidas provienen de la sociedad Delco Networks SA, sumando 12.720.000 euros. La UDEF sostiene que estos fondos llegaron disfrazados como préstamos a una persona de avanzada edad, lo que resulta poco realista dado que se estipulaba un plazo de devolución de 10 años.
Las transferencias fueron realizadas a través de cuentas del Ukio Bankas de Lituania, que movió millones de dólares desde Rusia a Occidente. Además de Delco Networks, otras dos sociedades ficticias, la panameña Dino Capital SA y la chipriota Digimarket Holdings Limited, también estarían involucradas en el entramado.
Otra detenida
También fueron apoderadas la hija Tatiana Artyakova y María Baer Pakhomova, hermana de Roman Pakhomov, director de Avia Capital-Service, empresa de leasing de Rostec, quien fue detenida junto a Dmitry Artyakov. En el registro de su vivienda, se encontraron 110.000 euros en efectivo y documentación sobre inversiones de Sergey Chemezov, presidente de Rostec.
Una vez recibidos los fondos en España, la familia Artyakov compró las fincas en Girona, en S’Agaró, que Anna Kurepina vendió en 2014 a su nieto Dmitry Artyakov por 3.560.000 euros menos, un pago cuya veracidad es puesta en duda por la UDEF.
La investigación también revela que el banco Novikombank, vinculado a Rostec, desempeñó un papel clave en la financiación de proyectos militares y civiles en Rusia. Dmitry Artyakov adquirió vehículos a nombre de su abuela, quien no tenía permiso para conducir.
Las pesquisas confirman información revelada por EL PERIÓDICO y otros medios internacionales, a partir de un archivo que incluye 1,3 millones de transferencias de dinero, coordinadas por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
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