El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló tres liquidaciones y multas por unos 300.000 euros al detectar “irregularidades” en las inspecciones que abrió el 1 de febrero de 2016 la Agencia Tributaria contra la empresa Econodos SL. La Unidad de Apoyo de Hacienda en la fiscalía anticorrupción atribuye esta mercantil a Ricardo Martínez Rico, presidente y socio fundador de Equipo Económico, y a su pareja, María Luisa Lucía García. Sin embargo, unos días antes de iniciarse la fallida comprobación tributaria, el 23 de diciembre de 2015, Martínez Rico se apartó de la sociedad, dejando como única socia a su compañera.
Este periódico ha tenido acceso a tres sentencias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ madrileño, en las que los magistrados anularon las liquidaciones y multas a Econodos, que habían sido impuestas en relación a diferentes impuestos de los años 2011, 2012 y 2013.
En Madrid, no en Málaga
En la primera de las sentencias, de 16 de febrero de 2022, los jueces del TSJ madrileño invalidaron la actuación de Hacienda, que había reclamado un total de 231.000 euros a la empresa Econodos en relación al Impuesto sobre Sociedades de 2011, 2012 y 2013. El motivo de esta anulación fue por “incompetencia territorial”, según especifica la sentencia, pues la inspección la llevó a cabo la Administración tributaria de Madrid, y no la de Málaga, provincia en la que Econodos había trasladado su residencia fiscal unos meses antes.
La comprobación de Hacienda se inició el 1 de febrero de 2016 en dependencias de la Inspección en Madrid, cuando el domicilio fiscal de la mercantil era desde el 30 de diciembre de 2015 el municipio malagueño de Nerja.
“Y como colofón de irregularidades”, completan los magistrados, “no consta en el expediente administrativo que por el director de la Inspección Tributaria de la Delegación Especial de Madrid se dictase un acuerdo, extendiendo su competencia territorial a la de una sociedad que no tenía su domicilio dentro de su ámbito territorial”, dice la sentencia, que anula dos acuerdos de liquidación por 219.000 euros y una sanción de 12.193 euros.
Esta primera sentencia tuvo consecuencias directas en otros recursos que la empresa Econodos interpuso por otras liquidaciones que había ejecutado la Administración tributaria, con Montoro de ministro. Por eso, en otros dos fallos los magistrados del TSJM hicieron extensible su argumentación de 16 de febrero de 2022 y concluyeron que las inspecciones también se habían abierto de forma irregular, ya que se iniciaron en Madrid en vez de en Málaga. Y por eso anularon un acuerdo de liquidación con su correspondiente sanción, por un total de 46.795 euros, en relación al IVA de 2012 y 2013; y una segunda liquidación, de 19.370 euros, por el IRPF de 2011, 2012 y 2013.
El hermano, también con Montoro
El hermano del presidente de Equipo Económico, Felipe Martínez Rico, también ejercía importantes cargos en el Ministerio cuando se iniciaron las inspecciones fallidas de febrero de 2016. Desde 2011 hasta el 25 de noviembre de 2016 fue director de gabinete de Montoro. Ese día fue designado Subsecretario de Hacienda y Función Pública, un puesto en el que, según Felipe Martínez Rico, era “responsable del presupuesto y de los recursos humanos del ministerio, y coordinador de la acción y estrategia de la institución”. En 2010, Felipe Martínez Rico recibió 3.500 euros de Econodos, propiedad de su hermano Ricardo Martínez Rico y de su cuñada, según informa la Agencia Tributaria.
Al igual que su hermano, Ricardo Martínez Rico también fue director de gabinete de Montoro en la primera etapa de este en el Ministerio. En 2003 asumió el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. En ese puesto se mantuvo hasta que pasó a la empresa privada. Fue ahí cuando en 2006 creó, con el que había sido su jefe en el Ministerio de Hacienda, el despacho Equipo Económico. Por eso, ambos fueron socios en Equipo Económico hasta que el exministro se desvinculó de esta compañía en 2008. En ese momento, Ricardo Martínez Rico pasó de controlar el 25% del despacho a ser el propietario del 43% del accionariado de la compañía, cuya actividad investiga desde 2018 el juez de Tarragona que instruye el denominado caso Montoro.
“Entramado societario”
Según los informes de Hacienda incluidos en el caso Montoro, la mercantil Econodos no disponía de personal y de medios materiales: “Los gastos realizados consisten básicamente en colaboraciones, ni siquiera tiene gastos en material de oficina y no ha acreditado la existencia de una sede de su actividad”. Además, prestó servicios casi en exclusiva a Equipo Económico, cuyo presidente era el propio Martínez Rico, y cuyo importe ascendió a 145.000 euros en 2008; 374.000 euros en 2009; 594.000 euros en 2010; 616.000 euros en 2011; 439.000 euros en 2012; y 488.000 euros en 2013.
La UCO apunta que la firma Econodos formaba parte del “entramado societario constituido por una serie de empresas, […] las cuales podrían haber sido utilizadas para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada”.
La Agencia Tributaria cuantificó el total percibido entre 2008 y 2019 por cada uno de los socios de Equipo Económico procedentes del propio despacho, “directamente o a través de su entramado societario”. Así, Hacienda relata que Ricardo Martínez Rico recibió un total de 11.053.029 euros; Manuel de Vicente-Tutor 5.852.747 euros; Francisco de Asís Piedras Camacho 5.749.754 euros; y Salvador Mariano Ruiz Gallo 6.117.326 euros.
Montoro, imputado
En julio pasado, el magistrado Rus Vela notificó al exministro del PP Cristóbal Montoro y a casi una treintena de personas y empresas más, como es el caso de Ricardo Martínez Rico, su imputación, en una causa que se investigaba en secreto desde 2018 sobre las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro mismo fundó en 2006 y del que dice haberse desligado en 2008.
Las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a “intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables”, algo que habría conseguido, según la fiscalía anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
EL PERIÓDICO ha tratado de conocer la versión de Equipo Económico, cuyos responsables no han respondido las preguntas sobre las sentencias del TSJM mencionadas.
Fuente original: ver aquí
