La pena de muerte fue abolida hace décadas en la jurisdicción de Washington para los casos no federales. Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reinstaurarla e imponerla a quienes cometan homicidios en la ciudad, como parte de su plan para combatir la delincuencia en la capital. “Si una persona asesina a alguien en la capital, pediremos la pena de muerte”, anunció durante una reunión de más de tres horas de su Gabinete, la séptima de su mandato y retransmitida en su totalidad.
Según el mandatario, esta “es una medida de prevención muy fuerte”, y aseguró que toda su Administración está de acuerdo. “No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción”, justificó. Sin embargo, no está claro cómo planea implementar esta medida.
Trump parece haber encontrado un terreno fértil en su campaña contra la delincuencia en Washington. La mayoría de los residentes de la ciudad, que cuenta con 700.000 habitantes, se opone a las medidas de control adoptadas por el presidente en las últimas dos semanas, que incluyen el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en museos y paradas de metro. Sin embargo, fuera de la capital, estas acciones reciben mayor aceptación. Según encuestas como la de Harvard CAPS-Harris publicada la semana pasada, el 54% de los estadounidenses (85% entre republicanos y 28% entre demócratas) apoya la iniciativa y la considera necesaria.
Para Trump, mostrarse firme contra el crimen es una estrategia segura: los votantes estadounidenses consideran la delincuencia como una de sus principales preocupaciones. Al adoptar medidas severas, obliga a la oposición demócrata a alinearse con él o a parecer débiles ante la opinión pública.
El 11 de agosto, el presidente anunció la asunción del control de la seguridad en Washington, argumentando que la delincuencia está tan desbordada en la capital que constituye una crisis nacional. Aunque el nivel de delitos en la ciudad es superior al promedio nacional, actualmente se encuentra en su nivel más bajo en treinta años, según datos oficiales. Trump ha cuestionado estas cifras y ha indicado que abrirá una investigación al respecto.
Además de los 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington activados inicialmente, otros seis estados de mayoría republicana (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado refuerzos, superando los 2.200 soldados en total.
La Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también patrullan la ciudad.
Según cifras proporcionadas diariamente por la fiscal general, Pam Bondi, hasta este martes se han detenido a 1.094 personas en Washington y se han confiscado 115 armas ilegales. Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta campaña para detener a migrantes indocumentados.
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