WASHINGTON.- “Estados Unidos ha sido invadido por criminales y depredadores. Te necesitamos para sacarlos. El país te necesita”. Este mensaje del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado un notable interés en la búsqueda de hasta 10.000 nuevos agentes, en el marco de una política migratoria más agresiva impulsada por el presidente Donald Trump.
Más de 120.000 personas han aplicado para unirse a esta ofensiva, atraídas por un generoso bono inicial de hasta 50.000 dólares y beneficios como el pago o la condonación de préstamos estudiantiles. Esta estrategia forma parte de la campaña de Trump contra los migrantes ilegales, que se ha intensificado y promete acelerarse en los próximos meses.
El ICE ha reportado unas 200.000 deportaciones desde que Trump asumió el cargo, y se espera que este año supere cifras no vistas en una década. Los vuelos de repatriación hacia América Latina están en aumento, y se han ampliado las capacidades del sistema de detención de inmigrantes para acelerar las expulsiones.
Sin embargo, las cifras de deportaciones aún están lejos de la meta de un millón de expulsiones anuales, a un ritmo de 3.000 por día. La administración de Trump ha destinado 76.000 millones de dólares al ICE durante los próximos cuatro años, buscando aumentar su capacidad operativa.
El ICE también se enfrenta a críticas por el aumento de redadas y arrestos, lo que ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos de los migrantes. Una reciente encuesta reveló que el 54% de los estadounidenses desaprueban las redadas en lugares de trabajo.
Reveses judiciales
La estrategia del gobierno ha enfrentado reveses en los tribunales. Una jueza federal bloqueó la capacidad de la administración para llevar a cabo deportaciones aceleradas de personas detenidas lejos de la frontera sur, lo que limita una de las principales tácticas del gobierno para expulsar migrantes ilegales.
El ICE ha sido criticado por su uso de tácticas agresivas y por la presión que enfrenta su personal, lo que ha llevado a un aumento en el agotamiento y la frustración entre los agentes. La administración busca contratar rápidamente nuevos agentes, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad de la formación que recibirán.
Con el objetivo de cumplir con sus metas, el ICE ha flexibilizado los requisitos de contratación y reducido el tiempo de capacitación, lo que ha suscitado temores de que esto pueda resultar en un aumento de violaciones de derechos humanos durante las operaciones de deportación.
Campaña antimigratoria
El gobierno de Trump está elaborando planes para una campaña antimigratoria en ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, donde se prevé la movilización de 200 agentes de seguridad nacional. Esta estrategia ha generado tensiones con las autoridades locales, que han declarado a estas ciudades como “santuarios” para los migrantes.
Con los nuevos fondos, el ICE planea aumentar su capacidad de detención y deportación, y ha comenzado a colaborar con gobiernos estatales y locales para expandir sus operaciones. Sin embargo, la implementación de estos planes enfrenta desafíos significativos, incluyendo la resistencia de comunidades locales y la presión legal.
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