El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que no es un dictador, solo “una persona con mucho sentido común”. Sin embargo, esta afirmación, realizada ante la prensa en el Despacho Oval, refuerza mensajes anteriores que coqueteaban con la figura del gobernante autoritario. Durante la campaña electoral, había afirmado que, de regresar a la Casa Blanca, sería un autócrata el primer día. Su nuevo comentario venía inmediatamente después de otra frase inquietante: “Mucha gente dice que quizá queremos tener un dictador”.
Las medidas adoptadas por el mandatario en los siete meses que lleva en la Casa Blanca, especialmente las de las últimas semanas, acentúan el giro autoritario y populista que impone de manera creciente Trump a su gestión. Desde su primera alusión a convertirse en un dictador en su primer día de mandato, el presidente ha sometido a la venerable arquitectura del sistema político estadounidense a una ininterrumpida prueba de esfuerzo, donde los límites a su poder se muestran difusos y su control, cada vez más amplio.
Trump ha elevado aún más esa presión con una avalancha de medidas que incluyen su intento de cesar a una gobernadora de la Reserva Federal y su amenaza de extender a otras ciudades demócratas el despliegue de la Guardia Nacional que ya ha decretado en Washington.
Las medidas se suceden rápidamente, coincidiendo con el receso del Congreso y las vacaciones de las familias estadounidenses. El presidente, que decidió no tomar descanso de verano este año, comenzó agosto imponiendo aranceles generalizados y despidiendo a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por no estar de acuerdo con los datos publicados. Apenas una semana después, anunció la toma de control de la policía de Washington, invocando una cláusula de la ley de autonomía de la capital que le permite actuar durante 30 días en caso de emergencia nacional.
Trump ha ordenado al Pentágono adiestrar a parte de sus fuerzas para tareas de seguridad ciudadana y “sofocar disturbios civiles”. El presidente presume que sus medidas de mano dura son efectivas y sostiene que su política migratoria ha eliminado los cruces irregulares en la frontera. El caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error, ilustra su política implacable hacia los migrantes.
“Dicen que soy un dictador, pero impido el crimen”, afirmó en una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca. Sus opositores, sin embargo, argumentan que sus tácticas son cada vez más autoritarias. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, denunció que las acciones de Trump son “ilegales, inconstitucionales y antiestadounidenses”. Illinois, donde se encuentra Chicago, ha sido blanco de amenazas de despliegue de la Guardia Nacional.
Trump también se ha enfrentado a críticos como John Bolton, cuyo hogar fue registrado por el FBI en una investigación sobre documentos clasificados. Sus críticos sostienen que la verdadera razón de estas acciones es la venganza contra quienes Trump responsabiliza de sus problemas legales.
El presidente busca expandir su control también en el ámbito cultural y económico, tratando de influir en las decisiones de empresas y en la gestión de instituciones culturales. Recientemente, Trump ha forzado a empresas a ceder parte de sus ingresos y ha intentado cesar a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, en un intento por reducir la independencia del banco central estadounidense.
Cook ha anunciado que no piensa dimitir y planea presentar una demanda para mantener su puesto. Este contexto plantea un duelo legal y un escenario donde Trump explora los límites de su poder antes de las elecciones de medio mandato de 2026, mientras el Congreso, bajo control republicano, le respalda sin reproches. La supervisión de sus acciones recae en los tribunales, con un Tribunal Supremo que podría consolidar sus medidas.
Trump no se considera un dictador, pero ha afirmado que “mucha gente dice: tal vez no nos vendría mal un dictador”.
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