La asamblea de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Nicolás reunió a más de 2.600 operarios de 52 contratistas y decidió extender la medida de fuerza. Los trabajadores también expresaron su descontento hacia Paolo Rocca por la crisis salarial y las condiciones de precarización en la planta.
Los contratistas de Ternium-Siderar en San Nicolás acordaron continuar con un paro que comenzó hace casi dos semanas y movilizarse este jueves hacia el centro de la ciudad para visibilizar la crisis salarial y las denuncias de precarización laboral en el sector.
La seccional local de la UOM llevó a cabo una reunión el pasado lunes, donde se resolvió la continuidad de la protesta por tiempo indeterminado. La marcha está programada para el jueves 4 de septiembre, partiendo desde la Portería 1 de la planta con el apoyo de delegaciones de otras seccionales metalúrgicas.
El secretario general de la UOM, Abel Furlán, criticó al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, a quien responsabilizó por el conflicto. “Hay un solo responsable de esta situación. Paolo Rocca pretende que los trabajadores naturalicen salarios de hambre y utiliza a las contratistas para dividirnos”, denunció el dirigente.
La tensión aumentó tras el fracaso de una reunión entre Rocca y Naldo Brunelli, titular de la UOM San Nicolás, que resultó en el bloqueo del ingreso de 1.200 tercerizados en la planta de Ramallo. Además, se están realizando cortes de tránsito con quema de cubiertas en el acceso a la planta General Savio, bajo custodia policial.
El conflicto acumula más de trece meses de negociaciones salariales sin acuerdo con la Cámara Argentina de Acero y el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Furlán advirtió que “nos han declarado la guerra. La contraprestación a nuestro esfuerzo ni siquiera garantiza un plato de comida”.
Desde la vecina Villa Constitución, el delegado de Acindar, Christian Míguez, denunció que la patronal busca “crear desocupación masiva para allanar una reforma laboral”. Propuso un plan de lucha basado en tres ejes: salario mínimo de dos millones de pesos, reparto de horas sin reducción salarial y un programa de obras públicas bajo control obrero. “La crisis amenaza un colapso nacional”, advirtió.
Este conflicto se intensificó luego de que el presidente Javier Milei abriera las importaciones de productos electrónicos, lo que llevó a movilizar a los trabajadores del mismo gremio en Tierra del Fuego para proteger sus empleos. A pesar de que se logró un diálogo entre la dirigencia sindical y el Ejecutivo, la preocupación en el sector persiste debido a los “estragos en fábricas y puestos de trabajo” derivados de la apertura comercial.
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