El 26 de julio de 2012, en plena crisis de la deuda de la Eurozona, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), afirmó que el BCE estaba listo para hacer “todo lo que sea necesario” para preservar al euro. Esta declaración, realizada en Londres, fue respaldada por decisiones contundentes, como el lanzamiento de un programa que permitía la compra ilimitada de bonos gubernamentales de países en crisis, lo que resultó en una rápida disminución de las tasas de interés.
Aunque no se ha hecho un anuncio formal, es evidente que el Gobierno argentino está implementando medidas para evitar la depreciación del dólar antes de las elecciones en Buenos Aires el 7 de septiembre. Tras una fuerte depreciación del peso en julio, el Gobierno y el Banco Central (BCRA) han tomado medidas para reducir la liquidez en el mercado. En una licitación de bonos el 13 de agosto, se ofrecieron tasas de hasta 4,5% mensual, muy por encima de las tasas del mercado.
A pesar de estas acciones, la renovación de deuda fue solo del 60% de los bonos que vencían, dejando 5,8 billones de pesos en circulación. Para evitar que estos fondos se destinen a la compra de dólares, el Gobierno aumentó la tasa de encajes, obligando a los bancos a mantener más efectivo. Además, se cambió la forma de computar los encajes, haciéndolos más restrictivos.
El Gobierno también permitió que los bancos cumplieran con los encajes comprando bonos del gobierno y abrió una ventana de liquidez para prestar pesos a tasas de castigo. Sin embargo, la volatilidad y las tasas de interés siguen siendo altas.
La situación actual refleja parte de un proceso natural en esquemas de estabilización monetaria, aunque la volatilidad en Argentina es considerablemente mayor que en otros países. Los errores en la implementación del nuevo esquema han generado confusión en el sistema financiero. El mercado ha comprendido que la política del Gobierno es secar el mercado de pesos y aumentar las tasas de interés para evitar que el dólar se dispare antes de las elecciones, buscando mantener la inflación por debajo del 2% mensual.
Sin embargo, las deficiencias históricas y estructurales del país limitan la efectividad de estas medidas. La diferencia entre la situación del BCE y la del BCRA radica en que el euro es una moneda de reserva respaldada por economías sólidas, mientras que el peso argentino enfrenta desconfianza por los errores del pasado.
En el corto plazo, las medidas del Gobierno han tenido resultados mixtos. La inflación de julio fue del 1,9% mensual, y aunque la tasa de pobreza ha disminuido, la actividad económica ha sufrido caídas significativas. La producción industrial y las ventas minoristas han mostrado contracciones, lo que sugiere que la economía sigue debilitándose.
Las tasas de interés han aumentado drásticamente, lo que complica la situación para las empresas, muchas de las cuales no pueden operar con tasas tan elevadas. La cadena de pagos se está cortando, y las tasas de morosidad están en aumento.
El “whatever it takes” del Gobierno podría tener éxito solo por un tiempo limitado, ya que la continuación de estas políticas podría destruir el sistema productivo. Si las tasas se mantienen, se generaría una carga de deuda insostenible. Además, el impacto en la confianza del consumidor es preocupante, con índices de confianza en caída.
A pesar de la caída en la confianza, el respaldo presidencial podría facilitar una elección razonable en Buenos Aires, aunque hay riesgos de perder el apoyo de las bases sociales. La participación electoral podría ser baja, y el aparato de fiscalización del no peronismo parece estar inactivo.
En resumen, el “whatever it takes” del Gobierno enfrenta desafíos significativos, tanto económicos como políticos, en un contexto de intransigencia y desconfianza en el sistema financiero.
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