El juez Juan Carlos Peinado escuchó este viernes el testimonio de cuatro cargos de la Universidad Complutense de Madrid, propuestos por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El objetivo de la defensa era reforzar su versión frente a las acusaciones de intrusismo y apropiación indebida que se le imputan a Gómez, en relación con la gestión del ‘software’ creado para el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió en dicha universidad.
Fuentes presentes en las declaraciones informaron que los testimonios de María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), confirmaron que la firma de los pliegos de contratación y el registro del dominio de la cátedra por parte de Gómez se realizaron siguiendo las indicaciones de la propia universidad.
La defensa de Gómez solicitó estas testificales después de que el juez Peinado admitiera a trámite la ampliación de la querella por una supuesta apropiación indebida de un ‘software’ de la Complutense, así como por un presunto delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía.
Correos con instrucciones
El abogado de Gómez aportó a la causa varios correos electrónicos para argumentar que la firma del pliego de prescripciones técnicas por parte de su defendida se realizó “porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente”. Según las fuentes, las responsables de la OTRI confirmaron ante el juez que esta oficina no registraba los dominios, por lo que Gómez debía firmar los pliegos y registrar el dominio web de la cátedra a su nombre.
Zulma Escalante, codirectora de un segundo máster de Begoña Gómez en la Complutense, sobre Formación Permanente de Sostenibilidad, declaró que ella también tiene un dominio a su nombre para este curso, al igual que Gómez.
Estos testimonios fueron solicitados al juez hace más de un año, pero no fue hasta que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a Peinado resolver “sin dilación” sobre la procedencia de estas comparecencias que se tomaron en cuenta. La defensa renunció a dos de las testigos solicitadas, María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena, por lo que no declararon.
Interventora
La comparecencia de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, se solicitó para que ratificase lo que manifestó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Su declaración confirmó que la firma de los pliegos para la gestión de los programas necesarios en la cátedra de Transformación Social Competitiva se realizó de acuerdo con las normas de la universidad.
Gutiérrez-Vierna también señaló que no se exige una cualificación técnica específica para firmar este documento, sino seguir la trazabilidad administrativa.
En su comparecencia en la cámara madrileña, la interventora defendió que “los controles funcionan” en relación con la fiscalización que ella realizó respecto de los gastos de la cátedra. De hecho, declaró la nulidad de una factura firmada por Gómez como codirectora, por la que se contrató a la empresa Making Science por 24.000 euros, debido a la falta de un informe previo obligatorio. También rechazó que la firma de Gómez como codirectora la convirtiera en la responsable de dicha contratación y añadió que desconoce si dicha adjudicación fue verbal.
En el marco de esta investigación, el juez también investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Peinado ha indicado que, de enviar la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular.
Contexto
Este caso se enmarca en una investigación más amplia que ha generado considerable atención pública y política. Las acusaciones contra Begoña Gómez han provocado un intenso debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de fondos públicos y la compatibilidad de actividades privadas y públicas. El resultado de esta investigación podría tener implicaciones significativas para la imagen del gobierno y la confianza pública en las instituciones.
La defensa busca demostrar que las acciones de Gómez se ajustaron a los procedimientos internos de la universidad y que no hubo intención de obtener beneficios indebidos. La presentación de correos electrónicos y los testimonios de cargos universitarios son cruciales para respaldar esta versión y contrarrestar las acusaciones de intrusismo y apropiación indebida.
Claves y próximos pasos
- Los testimonios de los cargos de la Universidad Complutense son cruciales para la defensa.
- La validez de los correos electrónicos presentados como prueba será determinante.
- Se espera que el juez Peinado evalúe la totalidad de las pruebas antes de decidir si procede o no el juicio.
FAQ
¿Cómo me afecta? Este tipo de investigaciones impactan en la percepción de la integridad de las instituciones públicas.
¿Qué mirar a partir de ahora? La decisión del juez sobre si hay mérito para un juicio y cómo se desarrollan las investigaciones paralelas.
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