El fiscal federal Carlos Stornelli, encargado de investigar la denuncia del Gobierno sobre una supuesta operación de espionaje ilegal, ha solicitado medidas de prueba para identificar quién está detrás del canal de streaming Carnaval y analizar la repercusión mediática que tuvieron los audios de Karina Milei.
En paralelo a la investigación sobre el supuesto espionaje político, Stornelli ha pedido al juez federal Julián Ercolini una serie de medidas de prueba. Entre ellas, se incluye un informe amplio que determine el alcance mediático que tuvo la revelación del canal sobre los audios de Milei y del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
El fiscal busca realizar un estudio de prensa para identificar quiénes retransmitieron los audios y su alcance, con el objetivo de verificar si la difusión de estos afectó negativamente la opinión pública en relación al Gobierno, justo antes de las elecciones del próximo domingo.
Además, Stornelli ha solicitado informes a la Inspección General de Justicia para conocer quiénes son los propietarios del canal Carnaval. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ha sido señalado como el principal accionista de la señal, aunque él ha negado esta acusación en su cuenta de la red X.
Stornelli también ha pedido al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) información sobre las habilitaciones del canal, que opera sin necesidad de regulación oficial, a diferencia de las señales de televisión y radiodifusión.
Espionaje o mera grabación
La Justicia evalúa el encuadre legal de la denuncia del Gobierno. Aunque el fiscal ha mencionado delitos como asociación ilícita y violación de la ley de inteligencia, aún es prematuro determinar el encuadre definitivo.
Si se comprueba que se captó una comunicación mediante un dispositivo oculto o escucha a distancia, se trataría de espionaje ilegal. Sin embargo, si se confirma que una de las personas involucradas grabó la conversación, no se consideraría espionaje.
Existen precedentes legales que indican que cuando dos personas se comunican, una de ellas asume el riesgo de que la otra haga público el contenido de la conversación, lo que no sería considerado un delito.
Contraofensiva
Este caso, iniciado por el Ministerio de Seguridad, denuncia una supuesta maniobra de espionaje ilegal vinculada a intereses externos, con el objetivo de debilitar al Gobierno, y parece ser una contradenuncia a la causa por corrupción que involucra a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Ambas causas están en desarrollo y pueden influirse mutuamente. Si se comprueba el espionaje, podría usarse para buscar la nulidad de la investigación por corrupción. Los abogados del Gobierno están atentos a la evolución de ambos expedientes.
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