El Senado de Argentina rechazó cinco decretos emitidos por el presidente Javier Milei que desregularon organismos estatales. Entre estos se encuentran el decreto que transformó el INTA y el INTI, el que limita funciones del Instituto Nacional del Teatro y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el que afecta la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos, el que dispuso la intervención de Vialidad Nacional y el DNU que estableció un nuevo régimen para la Marina Mercante y restringió el derecho a huelga.
En una sesión consensuada entre la mayoría de los bloques, la oposición rechazó estos decretos, que ya habían sido denegados por la Cámara de Diputados, lo que significa su rechazo definitivo. Durante la misma sesión, se discutieron proyectos sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, con expectativas de que sean convertidos en ley a pesar de la amenaza de veto del presidente Milei.
El rechazo al decreto que reorganizaba el INTI y el INTA recibió 60 votos negativos, 9 afirmativos y 2 abstenciones. Esta medida disolvía la autonomía de estos organismos, subordinándolos a secretarías del Ministerio de Economía. Silvina García Larraburu advirtió sobre la importancia de preservar la matriz productiva del país.
Asimismo, se rechazó el decreto que reestructuraba organismos culturales con 57 votos negativos y 13 afirmativos. Este decreto proponía fusionar varias instituciones culturales, lo que fue considerado una degradación del patrimonio cultural argentino.
El tercer decreto que modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos fue rechazado con 58 votos en contra. Este decreto alteraba la estructura del banco y recortaba su autonomía, lo que generó críticas sobre la protección de la confidencialidad de los datos.
El rechazo al decreto que disolvía Vialidad Nacional también fue significativo, con 60 votos negativos. Esta medida había sido cuestionada por trabajadores del sector y había recibido una medida cautelar que suspendía su aplicación.
Finalmente, el DNU que imponía un régimen de excepción para la Marina Mercante fue rechazado con 55 votos negativos. Este decreto permitía el cabotaje de buques extranjeros y limitaba el derecho a huelga, lo que fue considerado una violación de derechos laborales.
Los senadores libertarios y algunos miembros del PRO votaron a favor de los decretos, aunque varios se abstuvieron o votaron en contra en algunas ocasiones. La votación representa una nueva derrota legislativa para el gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente resistencia a su política de desregulación del Estado.
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