La defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado que el teniente coronel Antonio Balas declare como testigo en la causa que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por presunta corrupción en la adjudicación de obra pública, en el marco del llamado caso Koldo.
Uno de los abogados de Cerdán, Jacobo Teijelo, está involucrado en un caso donde se escuchó a Leire Díez, exmilitante socialista, intentando desacreditar a Balas, quien lidera la investigación de delitos económicos en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Como resultado, un juzgado de Madrid ha citado a Díez como imputada para el 11 de noviembre.
En la solicitud de diligencias presentada por la defensa, se argumenta que han identificado “trasvases injustificados de información” entre diversas causas en las que ha participado Balas. Se mencionan casos relacionados con el fraude en hidrocarburos, donde se sospecha que el comisionista Víctor de Aldama eludió el pago de 182 millones de euros, así como las diligencias abiertas por la visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en 2020.
La defensa busca aclarar si la información utilizada para elaborar el informe del 5 de junio, que dio inicio a la causa contra Cerdán, provino únicamente de los materiales obtenidos durante la investigación del Juzgado Central 2 o de otros procedimientos, ya que se han detectado trasvases injustificados de información.
Además, la defensa solicita que declare el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien está imputado en el caso Koldo por proporcionar móviles a la trama, así como otros agentes que han participado en la redacción de informes sobre el patrimonio de los imputados.
Teijelo y Benet Salellas también piden la relación de visitas que recibió Aldama en prisión, con el objetivo de determinar posibles instrucciones que pudo recibir para dirigir su declaración, donde afirmó haber entregado 25.000 euros a Cerdán.
La defensa sostiene que Aldama mintió para obtener su libertad, afirmando que sus ingresos están relacionados con un fraude de IVA en petróleo, que podría haber generado hasta 182 millones de euros, parte de los cuales se habrían utilizado para sobornar a José Luis Ábalos y cambiar la posición del Gobierno de España a favor del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
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