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Pedro Sánchez ha reiterado su apoyo a las protestas que llevaron a la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España, celebrada en Madrid el día anterior, en protesta por la participación de un equipo israelí. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente del Gobierno ha ido más allá, abogando por la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales.
Declaraciones de Sánchez en el Congreso
Durante una reunión con parlamentarios socialistas para dar inicio al curso político y abordar temas como la aprobación de los Presupuestos, Sánchez declaró en el Congreso de los Diputados: “Nosotros rechazamos la violencia. Sentimos respeto y admiración por nuestros ciclistas. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos respeto y admiración por una sociedad civil española que se movilizó contra la injusticia y defendió sus ideas de forma pacífica. El debate debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”.
Sánchez continuó su discurso planteando una comparación: “¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsó a Israel tras la invasión de Gaza? Nuestra posición es clara y rotunda. La comparte la mayoría de la población española, vote a quien vote. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”. Fuentes de Moncloa indicaron que España defenderá esta postura en la próxima reunión del Comité Olímpico Internacional (COI).

Un debate doméstico
La guerra en Gaza, iniciada tras los atentados de Hamas hace casi dos años, y que ha dejado más de 65.000 muertos palestinos, en su mayoría mujeres y niños, se ha convertido en un tema central de la política española. Sánchez, quien la semana pasada aprobó sanciones contra Israel, considera la situación un “genocidio”, opinión compartida por muchos expertos en derecho internacional. Como líder europeo más crítico con Israel, Sánchez ya había expresado su apoyo a las protestas del domingo, antes de la suspensión de la etapa de la Vuelta, declarando en un mitin en Málaga: “España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. (…) España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos”.
Estas declaraciones han sido criticadas por el Partido Popular (PP), que mantiene una postura de equidistancia ante el conflicto, condenando las muertes de palestinos pero rechazando las sanciones a Israel y evitando o negando el término “genocidio”. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó a Sánchez, afirmando que “no puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas”.
A pesar de las críticas, colaboradores de Sánchez aseguran que el presidente mantendrá su firme condena a Israel, tanto por razones éticas como por el apoyo mayoritario de la población española reflejado en las encuestas. Sánchez, en su discurso a los parlamentarios socialistas, destacó la importancia de tener una postura propia, afirmando: “¿De qué sirve tener voz si uno se limita a repetir lo que dicen otros? Tener voz propia solo sirve cuando te atreves a utilizarla para defender aquello en lo que crees. Lo correcto es estar del lado de las víctimas y no de los agresores. Y yo os pido que lo sigamos haciendo con la cabeza bien alta. España es quien salva el honor de Europa”.
Por otro lado, grupos de izquierda del PSOE critican a Sánchez por lo que consideran una postura tibia hacia Israel y falta de apoyo real a las protestas. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, declaró: “Es verdaderamente abyecto, abominable, escuchar a ministros del Gobierno enaltecer las movilizaciones propalestinas de Madrid cuando ese mismo Gobierno desplegó un blindaje policial sin precedentes para reprimir y coaccionar a los manifestantes”.
En resumen, la postura de Sánchez ha generado un intenso debate político en España, con críticas tanto desde la derecha, que le acusa de fomentar la violencia, como desde la izquierda, que considera su postura insuficiente.
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