El escándalo que sacudió los cimientos de RTVE permanece sin resolverse un año después. La filtración del examen de oposición para la categoría de información y contenidos obligó a suspender la prueba el 29 de septiembre de 2024, afectando a 5.000 aspirantes, y dio inicio a un proceso judicial que involucra a dos dirigentes de UGT. A día de hoy, los investigados continúan percibiendo sueldo público y manteniendo sus cargos sindicales, sin haber contribuido significativamente a la investigación ni aclarado si hubo más implicados de su sindicato.
Este aniversario marca un balance agridulce para trabajadores y afectados, aunque la dirección de RTVE ha extraído algunas lecciones.
Aquella mañana de sábado, los aspirantes se encontraban en la Facultad de Económicas de la Complutense cuando se anunció la suspensión del examen por “causas de fuerza mayor”. La indignación se extendió entre los presentes, muchos de los cuales habían viajado desde otras provincias e incluso desde países como México, Italia o Argentina. El entonces responsable de RRHH de RTVE, Jorge San José, se disculpó y solicitó a los opositores que abandonaran el lugar, una imagen inusual entre las muchas que estaban por venir.
Los gastos ocasionados
La entonces presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, anunció una investigación, que posteriormente fue suspendida debido al proceso judicial, y planteó la posibilidad de reembolsar los gastos de desplazamiento a los afectados. El nuevo presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró en el Senado el 6 de febrero que se estaban estudiando fórmulas legales para realizar la devolución económica, indicando que se les compensaría. “Los opositores tienen derecho a que se les compense”, afirmó en el Parlamento.
Hasta ese momento, se habían recibido 652 solicitudes de devolución de gastos por un total de 26.258 euros. La dirección de RTVE solicitó un informe a la Abogacía del Estado para garantizar la seguridad jurídica de cualquier acción, después de que las compañías aseguradoras se negaran a cubrir los gastos. Hasta la fecha, no hay novedades sobre este asunto y los gastos ocasionados por la filtración siguen sin ser compensados.
Imputados de UGT y falta de colaboración
Se reveló que el día anterior a la prueba, César Moreno, secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid, envió a una afiliada del sindicato un correo electrónico con las preguntas del examen. Ante la sorpresa de la receptora, el dirigente sindical afirmó que le había llegado “de rebote”. En sus posteriores declaraciones judiciales, Moreno, actualmente imputado, no ha aclarado cómo accedió al documento, quién se lo envió ni si lo había remitido a más personas.
La opositora denunció lo sucedido a través de otra trabajadora con plaza fija, quien alertó a un miembro del tribunal, Cristina Ónega, que a su vez interpuso la denuncia ante la Policía. El correo electrónico incluía instrucciones para no levantar sospechas, indicando el número de aciertos y errores que debían cometer en la prueba, y órdenes de borrado para no dejar rastro, lo que sugiere que el mensaje no tenía un único destinatario.
Todas las miradas se dirigieron al tribunal de oposición, compuesto por diez trabajadores, la mitad elegidos por la empresa y la otra mitad por los sindicatos. Todos ellos participaban en la elaboración del examen y conocían las preguntas filtradas. Las primeras sospechas apuntaban a UGT, que ya había sido señalado a nivel interno en oposiciones anteriores y que se negó a firmar un documento donde asumía los costes de la suspensión en caso de que sus miembros estuvieran implicados.
A día de hoy se desconoce el coste económico que tuvo la suspensión y aplazamiento del examen, incluyendo el nuevo alquiler de recintos universitarios, la contratación de personal de seguridad, el servicio de reprografía y los gastos en dietas de los miembros del nuevo tribunal.
Sin sanciones y con sueldo público
La entonces presidenta de RTVE, Cascajosa, aseguró que se depurarían responsabilidades. Sin embargo, no se tomaron medidas hasta que se reveló que uno de los miembros del tribunal designado por UGT, Julián Pérez Olmos, era el autor del documento enviado a la opositora.
Solo después de publicarse estas informaciones, RTVE abrió expediente informativo a Pérez Olmos, pero la dirección pasó inmediatamente a suspenderlo alegando que prevalecía la investigación judicial. A día de hoy, sigue trabajando para el sindicato como liberado mientras percibe salario de la corporación. En la misma situación se encuentra el segundo imputado, César Moreno, al que tampoco se le abrió expediente hasta que se publicó su nombre, tres meses después.
Un día después de conocerse el documento de la filtración, la Policía detuvo y puso en libertad a este dirigente de UGT que había enviado la filtración a la opositora denunciante. RTVE le abrió un expediente tres meses después, tras conocerse su imputación; un expediente que fue suspendido por la apertura de causa judicial y que tampoco conllevó sanciones. A día de hoy, Moreno mantiene su cargo en el sindicato y su sueldo público.
En la nueva dirección de López, aseguran fuentes próximas, exploraron opciones para fijar sanciones a los implicados en la filtración, pero estas mismas fuentes aseguran que al haber una causa penal abierta solo cabe esperar a que se resuelva, imposibilitando cualquier acción interna hasta que haya una resolución judicial.
Borrado de mensajes
Una de las claves para esclarecer lo ocurrido es saber quién estaba implicado en las filtraciones, a quién más se envió y saber cómo llegó el documento creado por un miembro del tribunal de UGT al segundo miembro del sindicato que lo distribuyó después. Unas incógnitas que no han pedido resolverse por la falta de colaboración de los imputados y por el borrado de datos de los dispositivos informáticos que revela el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (la UDEF).
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