El juzgado respondió a una acción iniciada por dos personas contra el Estado Nacional y resolvió un revés para el Gobierno al invalidar el núcleo del decreto que anuló la Emergencia Nacional en Discapacidad. Aunque la sentencia se limita al expediente, abre la posibilidad de que otros tribunales consideren casos similares.

En este caso, el juez ordenó comunicar a la obra social de dos menores —identificados como B.N. e Y.N.— para que adecúe las prestaciones conforme a lo que regía bajo la ley de emergencia, ahora restituida para ellos. Además, se determinó que las costas del proceso sean asumidas por el Estado Nacional.

La periodista Vanesa Petrillo difundió la resolución, subrayando que su alcance no es general. Sin embargo, se trata de la primera decisión que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad, lo que permite que familias y organizaciones promuevan amparos similares en otros juzgados del país. El Gobierno mantiene la posibilidad de apelar.

Paralelamente, agrupaciones de personas con discapacidad están organizando manifestaciones contra el veto presidencial, un reclamo que se vuelve más audible tras este pronunciamiento. El fallo pone de manifiesto la fragilidad del marco legal del decreto y aumenta la presión sobre el oficialismo en un tema sensible, donde la ampliación de derechos y la protección de prestaciones impactan directamente en la vida cotidiana.