Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha presentado un plan para abordar las consecuencias de los incendios que han afectado a España, especialmente en Galicia y Castilla y León. Entre las 50 medidas propuestas, destaca la creación de un registro nacional de pirómanos, que incluiría a todas las personas condenadas con sentencia firme por provocar incendios en el país.
Feijóo también mencionó que la inclusión en este registro implicaría la obligación de llevar pulseras telemáticas de localización. En los últimos dos meses y medio, se han registrado 42 detenciones y 127 investigaciones relacionadas con incendios. Sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas de partidos de la oposición, quienes argumentan que desvía la atención del problema del cambio climático.
Datos y herramientas actuales contra los pirómanos
El plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal presentado por Feijóo incluye la creación de un registro para identificar a los condenados por incendios, además de imponer pulseras telemáticas, especialmente en los meses de mayor riesgo de incendios forestales.
La propuesta distingue entre pirómanos, definidos por la OMS como aquellos con “fuertes impulsos incontrolables” para provocar incendios, y aquellos condenados por incendios por motivos diversos, como vandalismo o quema ilegal de pastos.
¿Cuántos son pirómanos?
Según datos del Ministerio del Interior de 2023, la Guardia Civil intervino en 2.943 incendios y logró identificar la causa en 967 casos, encontrando al autor en 761. Del total de incendios intencionados, solo el 7% se atribuyó a pirómanos, cifra similar a la de incendios provocados para ahuyentar animales (6%) o por vandalismo (5%). Un 24% se relacionó con intereses o conflictos ganaderos.
Los datos sugieren que el número de pirómanos se ha mantenido estable en los últimos años. Un informe del Ministerio de Transición Ecológica sobre incendios forestales entre 2006 y 2015 también atribuyó el 7,17% de los fuegos a pirómanos, mientras que la mayoría de los incendios intencionados fueron causados por quemas agrícolas ilegales.
Por otro lado, la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 2024 indica que en 2023 solo el 19% de los incendios fueron “intencionados”, mientras que el 68% correspondió a “incendios por negligencias”. Este último grupo incluye fuegos causados por descuidos.
Legislación actual
El Código Penal establece sanciones para quienes provoquen incendios. El artículo 351 indica que aquellos que inicien un fuego que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas enfrentarán penas de prisión de 10 a 20 años. Si no hay peligro, el artículo 352 castiga a quienes incendien “montes o masas forestales” con prisión de uno a cinco años, aumentando a tres a seis años si el incendio es de especial gravedad.
Además, el Código Penal permite imponer la obligación de que los condenados lleven pulseras localizadoras, según el artículo 95, que establece medidas de seguridad para aquellos que hayan cometido delitos que sugieran un pronóstico de comportamiento delictivo futuro.
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