El pasado 23 de septiembre, el PSOE y sus socios parlamentarios aprobaron una proposición de ley que, aunque pasó relativamente desapercibida, podría tener importantes consecuencias. Esta iniciativa busca transferir al Tribunal Constitucional la potestad de resolver conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, una función que actualmente recae en el Tribunal Supremo. La propuesta surge en un contexto de debate sobre la posible transferencia de competencias migratorias a Cataluña.
Según sus promotores, la propuesta del PNV, que fue aprobada con mayoría absoluta, tiene como objetivo evitar que las decisiones del Tribunal Supremo obstaculicen acuerdos políticos y la aplicación de reales decretos. Se citan como ejemplos el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad de Navarra en abril de 2024, y la atribución al Ejecutivo autonómico vasco de la homologación de títulos universitarios.
La aprobación de esta proposición de ley, que aún debe ser desarrollada, ha generado inquietud en el Tribunal Supremo. Desde esta institución se sugiere que la iniciativa podría estar motivada políticamente, como respuesta a decisiones adoptadas por su Sala de lo Contencioso Administrativo. En el Tribunal Constitucional, las opiniones están divididas. Algunos consideran que el órgano de garantías es el más adecuado para arbitrar los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, mientras que otros advierten que el cambio propuesto podría requerir una reforma de la Constitución, ya que afectaría la estructura funcional del Tribunal Supremo.
La última palabra
Fuentes del Tribunal Supremo consultadas prefieren esperar a conocer los detalles de la propuesta, que ya ha recibido el visto bueno inicial del Congreso. Sin embargo, consideran “evidente” que el Gobierno actual parece mostrar mayor afinidad hacia el Tribunal Constitucional que hacia el Supremo. “El objetivo es puramente político, evitar que la última palabra la tenga la jurisdicción ordinaria”, señalan las fuentes, que lo interpretan como “un esfuerzo más de esta legislatura por disminuir o limitar la capacidad de control jurisdiccional”.
Dentro de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, se considera que la propuesta del PNV tiene su origen en las sentencias que han anulado transferencias acordadas en las comisiones mixtas de transferencias. Estas sentencias se basaron en la Constitución, los estatutos de autonomía y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Magistrados consultados señalan que las sentencias de la Sala de lo Contencioso que anularon la cesión de competencias fueron objeto de críticas por parte de los nacionalistas. “De ahí que quieran una vía específica que les garantice el acceso a un tribunal que ellos consideran más propicio, como es el actual tribunal”, afirman.
Además, en casos como los relacionados con la presencia de la Guardia Civil en Navarra o la homologación de títulos, no existe actualmente la posibilidad de recurso, “ni siquiera ante el Constitucional, al que se podría ir en amparo, pero únicamente por violación de derechos y libertades fundamentales, lo que no se da en estos casos, pues lo que se discute es la interpretación es el reparto competencial”, añaden las mismas fuentes.
Nueva disposición adicional
La propuesta de ley, que fue aprobada con 179 votos a favor y 170 en contra, plantea añadir una nueva disposición adicional sexta a la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Esta disposición crearía un “recurso subsidiario sobre acuerdos de delimitación competencial y cuestiones prejudiciales en relación con acuerdos de delimitación competencial”. El Tribunal Constitucional se encargaría de este recurso una vez agotada la vía judicial en el Tribunal Supremo.
A pesar de las dudas sobre la necesidad de una reforma constitucional, algunos sectores del Tribunal Constitucional ven con buenos ojos la propuesta del PNV. “Es cierto que al Tribunal Constitucional le corresponde arbitrar entre el Estado y las Comunidades Autónomas y forma parte de nuestra jurisdicción resolver los conflictos competenciales entre ambos, por lo cual tenemos una abundante jurisprudencia sobre esta materia, este sentido no sería extraño que esta competencia se atribuyese al Constitucional, pero es una decisión que corresponde al Legislador”, argumentan fuentes consultadas.
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