Casi cuatro de cada diez jóvenes que llegan a Canarias y son considerados menores dubitados, es decir, aquellos cuya edad real genera dudas, resultan ser adultos tras someterse a las pruebas médicas de determinación de edad. Según datos oficiales, el 37,64% de los jóvenes en esta situación superan los 18 años, un resultado confirmado tras analizar sus huesos y otras características físicas.
El procedimiento se aplica a adolescentes que arriban a las costas del Archipiélago sin la compañía de un familiar adulto y que no pueden acreditar documentalmente su edad. En estos casos, las autoridades deben verificarla mediante pruebas. Si se determina que son menores, la Comunidad Autónoma asume su tutela, encargándose de su cuidado y protección, conforme a la legislación vigente.
Mientras se determina la edad real, los jóvenes son considerados menores a efectos legales, por lo que Canarias cuenta con la tutela temporal de los chicos. Esta situación inscribe al Ejecutivo autonómico como responsable de su cuidado, protección, alimentación y alojamiento. La importancia de las pruebas de edad se intensifica en un territorio ya tensionado por la presión migratoria, pero mientras se esclarece la situación, los jóvenes reciben la misma protección que cualquier menor confirmado.
Contingencia Migratoria y Recursos Limitados
La gestión en este ámbito se ha vuelto especialmente compleja en el contexto actual. Desde el pasado 29 de agosto, Canarias se encuentra en contingencia migratoria, tras superar hasta tres veces su capacidad de acogida. La coyuntura es aún más grave si se considera que el Archipiélago arrastra una emergencia migratoria desde hace dos años. Solo en lo que va de año, las Islas han tenido que tutelar en solitario a cerca de 6.000 menores no acompañados. Los recursos de acogida están al límite, y algunos centros han llegado a acoger hasta 300 niños.
El Real Decreto y la Derivación a Otras Comunidades
Como respuesta a la presión que soportan las Islas, se activó un mecanismo extraordinario contemplado en el real decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de las Comunidades Autónomas. Este mecanismo permite derivar a otras regiones a los menores no acompañados que lleguen a territorios tensionados y con recursos colapsados. Así, cuando una comunidad supera el 150% de su capacidad de acogida, los chicos deben ser trasladados a otras autonomías en un plazo máximo de 15 días.
Sin embargo, las mismas pruebas de edad han introducido complicaciones en este proceso. Los primeros traslados exprés —amparados en esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería— fracasaron al detectarse que muchos de los jóvenes que iban a ser derivados eran en realidad mayores de edad. Al confirmarse esta condición, dejan de estar bajo tutela autonómica y pasan a ser responsabilidad estatal. En esos casos, los adultos son derivados a recursos gestionados por organizaciones que participan en programas nacionales de acogida y protección internacional, financiados por el Estado.
El Proceso de Determinación de la Edad
La determinación de la edad se basa en una serie de pruebas médicas que incluyen una exploración física general (con especial atención al desarrollo torácico), una radiografía de la mano y una ortopantomografía dental. Cuando persisten las dudas, se puede solicitar una tomografía axial computarizada (TAC) de la clavícula en un hospital, para lograr una mayor precisión.
Cuestionamientos y Demandas de Mejora
A finales de 2023, más del 50% de los supuestos menores migrantes en Canarias resultaron ser mayores de edad, una situación que llevó al Ejecutivo autonómico a exigir al Gobierno central mejorar los procesos de determinación de edad de las personas que llegan a las Islas. Las demandas sobre este procedimiento continúan siendo similares, ya que las pruebas cuentan con un margen de error que en algunos casos ha generado situaciones problemáticas.
Ese mismo año, algunas comunidades autónomas denunciaron que, durante las derivaciones de migrantes adultos desde el Archipiélago a la Península, se incluían menores de edad evidentes. A estas críticas se sumó también Amnistía Internacional. El Gobierno canario ya había detectado previamente errores en el proceso, enfrentándose además a otro desafío: personas mayores de edad que eran declaradas como menores, complicando aún más la gestión de la acogida.
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