El oficialismo, tras su victoria en las elecciones legislativas de octubre, impulsa una agenda reformista que incluye la privatización, total o parcial, de varias empresas estatales, contempladas en la Ley Bases sancionada a mediados de 2024.
Proceso Avanzado de Privatización de AySA
Uno de los procesos más avanzados es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Bajo la presidencia de Alejo Maxit, la gestión se ha enfocado en el saneamiento económico y financiero de la empresa. Se prevé que en el primer trimestre de 2026 se realizará el llamado a licitación pública, tanto nacional como internacional, para transferir a inversores privados el 90% del paquete accionario. El 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores del sindicato, liderado por José Luis Lingieri.
Fuentes de AySA señalan que la licitación se llevaría a cabo independientemente del resultado electoral, debido a la convicción gubernamental de que la gestión privada optimiza el manejo de una empresa estatal, principalmente por incentivos.
La decisión ya había sido formalizada mediante un decreto a fines de julio. Un DNU reciente actualizó el marco regulatorio para la reprivatización de la empresa, que fue reestatizada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner. Hasta fines de 2023, AySA acumuló déficits operativos y financieros significativos, debido a una estructura sobredimensionada, gastos descontrolados y tarifas congeladas en su área de concesión, que abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
El economista Santiago Urbiztondo, en un estudio publicado por la revista de FIEL, calculó que las transferencias del Tesoro para cubrir los costos totales de AySA entre 2006 y 2023 ascendieron a 14.100 millones de dólares. Esta cifra supera significativamente su “beneficio tarifario bruto”, sin considerar inflación, impuestos vigentes y futuros a través de deuda.
Manuel Adorni, entonces vocero presidencial, denunció que en 2023, la ex titular de la empresa, Malena Galmarini, dilapidó el equivalente a 4800 millones de dólares, utilizando la empresa como plataforma de campaña política para su esposo Sergio Massa y otros funcionarios kirchneristas. Entre los desvíos de fondos, se mencionaron patrocinios de eventos deportivos y espectáculos masivos, campañas publicitarias, la asignación del 25% del presupuesto de obras a los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas, y la compra de vehículos con sobreprecios, reformas edilicias y adquisiciones de terrenos no esenciales.
Durante ese período, tampoco se avanzó en la instalación de medidores de consumo de agua. De un total de 3,9 millones de usuarios, aproximadamente 730.000 (18%) cuentan con medidor o medición remota, mientras que el resto paga el servicio en función de la superficie de su propiedad, independientemente del volumen consumido.
Del Déficit al Equilibrio Financiero
A partir de 2024, la administración de AySA implementó un Plan de Optimización y Transformación del modelo de gestión, que incluyó un ajuste tarifario del 209% en abril, con actualizaciones mensuales automáticas basadas en un cálculo polinómico de índices de precios y salarios. Desde diciembre de 2023, las tarifas han aumentado un 350%.
Dado que el incremento inicial fue menor al atraso acumulado respecto del IPC (272%), se requirió una reducción de gastos operativos para alcanzar el equilibrio económico. Se optimizaron inventarios, se adecuaron los procesos de compra para atraer a más oferentes, se evaluó la prioridad de las inversiones y la estructura organizativa para evitar la superposición de funciones, lo que incluyó un plan de retiro voluntario de personal. Actualmente, la empresa cuenta con 6200 empleados (20% menos que en 2023), aunque en 2007 la dotación total era de 4200. También se mejoraron la facturación, las cobranzas y los ingresos, y se implementaron campañas y planes de regularización de deudas con facilidades de pago, así como el fortalecimiento y seguimiento de la tarifa social.
El plan permitió que AySA alcanzara este año, por primera vez desde 2007, una convergencia operativa, dejando de depender de las transferencias corrientes del Tesoro nacional, aunque los resultados financieros muestran un déficit con tendencia decreciente.
Según información oficial, hubo un superávit operativo corriente neto de 109.000 millones de pesos (expresados en pesos de agosto de 2025), en contraste con el déficit de 541.000 millones de pesos en el mismo período de 2023. Los resultados de capital fueron deficitarios en 122.000 millones de pesos, con una fuerte baja respecto de los 248.000 millones de pesos registrados en 2023. El resultado financiero neto, que suma ambos conceptos, arroja en 2025 un déficit acumulado de 14.000 millones de pesos, con una caída de 770.000 millones de pesos comparada con el de 2023 (784.000 millones de pesos).
Estos avances en la autosustentabilidad de la empresa significaron para el Tesoro nacional un ahorro equivalente a 805.000 millones de pesos acumulados a agosto de 2025. La calificadora FIX SCR asignó al Fondo de Fideicomiso Financiero AySA la calificación de riesgo AA+sf (arg) con perspectiva estable para emitir valores de deuda fiduciaria por hasta 30.000 millones de pesos valor nominal.
Reglas para la Licitación
Mientras se definen aspectos del pliego de licitación, como el período de
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