Yolanda Díaz se enfrenta a un examen crucial sobre su propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. El Congreso votará el próximo miércoles si la iniciativa continúa su trámite parlamentario o si se rechaza de manera definitiva. Actualmente, la situación es incierta debido a la falta de apoyo de Junts, que ya había expresado su negativa a la propuesta en junio, lo que llevó a Díaz a aplazar la votación. En esta ocasión, han sido el PP y Vox quienes han acelerado el calendario para que la votación se realice la próxima semana, a pesar de los intentos de Sumar y PSOE por posponerla.
Durante la reunión de la Junta de Portavoces, los socios de Gobierno intentaron ganar tiempo en las negociaciones, argumentando la cantidad de temas a tratar en la sesión del miércoles, dado que no habrá sesión parlamentaria el jueves por la Diada del 11 de septiembre. En contraposición, PP y Vox han decidido llevar a votación la enmienda a la totalidad el próximo miércoles. La decisión ha sido impulsada por el diputado de UPN, Alberto Catalán, quien representa a los 9 diputados del Grupo Mixto y ha mostrado su apoyo a acelerar el trámite.
Las tres enmiendas a la totalidad que se debatirán son las presentadas por PP, Vox y Junts, y se votarán de manera conjunta, a pesar de que los motivos de cada formación son diferentes. Esta situación podría llevar a una derrota para el Gobierno, ya que estas tres formaciones suman un total de 177 diputados, lo que representa una mayoría en la Cámara Baja. De ser así, el proyecto de Díaz quedaría en riesgo y tendría que ser devuelto al Gobierno. La única opción para evitar esto sería que Junts retirara su enmienda o se abstuviera en la votación.
Si el Ejecutivo no logra al menos la abstención de los posconvergentes, la tramitación del proyecto de ley podría caer. Sin embargo, el Consejo de Ministros podría reactivar la iniciativa en el futuro, reiniciando todo el proceso legislativo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha indicado que tienen una semana para buscar apoyos y salvar la tramitación de la reducción de la jornada laboral, recordando que a menudo comienzan con apoyo nulo y logran formar mayorías.
Sin avances en las negociaciones
Las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el partido de Carles Puigdemont han estado en marcha durante meses, pero los posconvergentes mantienen su rechazo, argumentando que la norma afectaría a los pequeños y medianos empresarios catalanes. Yolanda Díaz ha propuesto paquetes de ayudas a las pymes y ha amenazado con imponer un mayor control horario sin pasar por el Congreso, pero no ha habido avances significativos y Junts ha reiterado su oposición a la reducción de la jornada.
Díaz cuenta con siete días para negociar el futuro de su propuesta, que ha sido un tema central en su campaña electoral de 2023, y que algunos han comparado con la reforma laboral de 2022, que se aprobó tras un error en el voto de un diputado del PP. A pesar de los esfuerzos de Sumar por diferenciar ambos casos, la situación actual sugiere que la reducción de la jornada podría no avanzar. Desde Sumar insisten en que las negociaciones continúan, aunque los posconvergentes parecen firmemente alineados en su postura.
Antes del verano, Sumar había solicitado al PSOE que se involucrara en las negociaciones para atraer el voto de los posconvergentes, ya que una derrota en esta norma sería perjudicial para el Gobierno en su conjunto. Sin embargo, el ala socialista no respondió a esta petición en aquel momento, y queda por ver si decidirán intervenir en esta fase final de las negociaciones.
Además, la semana próxima no será la única prueba para Yolanda Díaz, ya que el martes el Congreso votará también el decreto sobre permisos parentales aprobado por el Gobierno a finales de julio. Esta medida, que solo retribuye 4 de las 8 semanas de permisos parentales para familias con niños nacidos después de agosto de 2024, ha generado dudas entre la mayoría de investidura. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expresó su “indignación” con la norma, que considera que incumple la normativa europea al no remunerar las 8 semanas completas. Las fuentes parlamentarias del partido han dejado su voto en suspenso, aunque anticipan que su rechazo se limitará a una abstención.
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