El Parlamento navarro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno informes de la UCO para su investigación del caso Cerdán, según un escrito fechado el 7 de agosto y firmado por el presidente de la cámara, Unai Hualde Iglesias.
El documento detalla que esta reclamación se realiza en el marco de la Comisión de Investigación constituida por el Pleno del Parlamento de Navarra el 26 de junio de 2025 sobre “Las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra o financiadas por este, en el periodo comprendido en las cuatro últimas legislaturas parlamentarias, tanto a personas físicas como jurídicas señaladas en el marco de la Causa Especial 20775/2020, de la Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, en la que está imputado el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Mina Muga
En este contexto, la Plataforma contra las Minas de La Bal D’Onsella y El Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza han solicitado formalmente al Parlamento de Navarra que el proyecto Mina Muga se incluya en los trabajos de la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obra pública.
Tal como ha informado este periódico, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha detectado irregularidades en la tramitación del permiso ambiental que el Gobierno de Navarra concedió a la empresa Geoalcali para explotar la Mina Muga, que también está situada en territorio aragonés. Esta mercantil, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contrató los servicios de Acciona y Servinabar 2000 en relación a este yacimiento de sales potásicas.
La UCO sospecha que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por encabezar presuntamente un grupo criminal que se habría lucrado con mordidas de empresarios, tendría una participación en Servinabar 2000, aunque formalmente su principal propietario sea el empresario Antxon Alonso. Por su parte, Koldo García se habría comprometido a impulsar la autorización de la concesión minera, situada entre Navarra y Aragón.
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