Un mes después de que comenzaran los inconvenientes con “los pasajes de Karyna” y de que Karina María Alvarado Ríos fuera señalada por una presunta estafa piramidal, el expediente judicial N° 36862/2025, que la tiene como principal imputada, sumó un nuevo capítulo. La mujer de 55 años, junto a sus dos socias, es investigada por haber estafado a más de 200 personas mediante la venta de pasajes internacionales que, según se investiga, los habría obtenido a través de beneficios internos de la aerolínea Iberia.
Según reveló a LA NACION una de las víctimas y querellante, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, que lleva adelante la investigación, habría dispuesto una medida formal dirigida a los representantes legales en Argentina de la aerolínea Iberia, exigiendo que informen el reglamento interno del beneficio, la cantidad de pasajes cancelados, el destino de los pagos ante cancelaciones, y la cantidad de pasajes asignados por empleado.
Se trata de una orden de presentación, un requerimiento que obliga a la compañía a entregar información y documentación específica a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de la pesquisa.
“En Iberia no tenemos constancia de esta notificación, al menos hasta el momento, a Iberia no ha llegado”, respondieron a LA NACION, ante la consulta de si ya habían recibido el pedido judicial.
Este instrumento legal, según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, funcionaría como una alternativa previa a un allanamiento: si la empresa no responde en el plazo fijado, la Justicia podría ingresar por la fuerza para obtener la evidencia.
La orden de presentación marcó un punto clave para los investigadores, ya que permitirá determinar si hubo un uso indebido del sistema de pasajes internos de Iberia y establecer de qué manera se canalizaron esas operaciones.
Según explicaron fuentes judiciales a este medio, este tipo de requerimiento no es un trámite administrativo común, sino una herramienta formal que compromete a la compañía a colaborar con la Justicia. En otras palabras, si la información no es entregada en tiempo y forma, el juzgado podría autorizar el ingreso a las oficinas de la aerolínea Iberia para secuestrar la documentación.
Mientras tanto, el “Karyna Gate” continúa sumando denunciantes y pruebas que apuntan a una presunta trama de reventa de pasajes a precios por debajo del mercado, que se habría aprovechado de un beneficio corporativo destinado exclusivamente a empleados.
La investigación, que involucra decenas de operaciones y pasajeros, ahora depende en gran parte de lo que Iberia entregue al juzgado. La causa todavía está en etapa de instrucción y se investiga el nivel de participación de Lucrecia y Agustina, quienes también vendían pasajes.
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