La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ha escalado al ámbito legislativo, lo que podría provocar una semana complicada para el Gobierno en la Cámara de Diputados. La Justicia está investigando presuntas coimas reveladas en audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que mencionan a Eduardo “Lule” Menem como intermediario y a Karina Milei como posible beneficiaria. Ante esto, la oposición ha lanzado una ofensiva parlamentaria que incluye interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones; así como un pedido de informes al Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación.
Los proyectos de la oposición fueron presentados en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, donde el oficialismo buscará ganar tiempo. La respuesta de la oposición será forzar la apertura de las comisiones para tratar los expedientes en plazos acotados. Unión por la Patria (UP) ha presentado tres iniciativas, incluyendo la interpelación a Spagnuolo, la citación de Lugones y Milei, y un pedido de informes sobre contrataciones de la agencia con Suizo Argentina. Desde el socialismo, se impulsa la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora. La coincidencia entre los bloques es clara: todos los textos se centran en los audios y el presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
El martes, un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, convocado por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, invitará a Lugones y al interventor de Andis, Alejandro Vilches, para que informen sobre las denuncias. Sin embargo, se espera que ninguno confirme su asistencia. El miércoles, Francos deberá presentar su informe mensual en el recinto, donde la crisis de Discapacidad será un tema inevitable. Hasta ahora, el único mensaje del oficialismo ha sido el de mantener la “tranquilidad” en la administración, sugiriendo que se trata de una “operación” en época electoral. Todas las miradas están puestas en Lugones, quien podría ser el “fusible” para contener el daño y evitar que la crisis afecte a la Secretaría General.
A pesar de que las interpelaciones son una facultad constitucional, el Congreso ha enfrentado antecedentes de interpelaciones que no se llevaron a cabo. Sin embargo, la oposición está decidida a no resignar sus prerrogativas y a obligar al oficialismo a asumir el costo político si decide no asistir. En paralelo, la causa judicial, iniciada por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, ha avanzado con 15 allanamientos y el secuestro de más de 200.000 dólares en poder de Emmanuel Kovalivker, de Suizo Argentina. La oposición planea que su ofensiva esté ligada a los desarrollos judiciales, mientras que el oficialismo intenta contener la crisis en Asuntos Constitucionales y promete una respuesta en el recinto.
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