La oposición abrió el recinto del Senado con un temario que arrincona al Gobierno: busca sostener la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Javier Milei, y acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Todo, a días de las elecciones bonaerenses.
En el primer caso, el Senado tiene la última palabra: si reúne los dos tercios para rechazar el veto, la norma quedará vigente y deberá cumplirse. En el segundo, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.
Ya se habilitó -con esa misma fracción- el debate de la ley de emergencia en discapacidad. El tablero arrojó un panorama desolador para el oficialismo: los siete libertarios rechazaron la habilitación junto con la senadora de Pro Carmen Álvarez Rivero. Faltaron el santacruceño José Carambia y el chaqueño José Rodas, de Unión por la Patria (UP).
Quedó para la próxima sesión -prevista para la semana que viene- el pedido de interpelación a la secretaria General, Karina Milei, por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que describen un presunto esquema de coimas y la señalan como beneficiaria final. Lo confirmó el jefe del bloque UP, José Mayans, al ingresar al Senado. Les dará tiempo para reunir las adhesiones necesarias: sin dictamen, el tratamiento sobre tablas exige dos tercios, un umbral que parte de la oposición se resistió a derribar hoy para no quedar alineada con una jugada que el kirchnerismo empuja en clave electoral.
Durante las cuestiones de privilegio, Mayans hizo un repaso de la polémica que atraviesa al Poder Ejecutivo y anticipó otra jugada: la posibilidad de impulsar el juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que solicita allanamientos a periodistas que difundieron audios atribuidos a Karina Milei. “Sin importar el color político, tenemos que hablar con nuestros representantes en Diputados y acá. tiene que acusar la cámara de Diputados ante el Senado de la Nación a la ministra Bullrich por este disparatado acto y por falsa denuncia poniendo en alerta todo el sistema de seguridad nacional”, dictaminó.
Con Milei en Estados Unidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel en ejercicio de la presidencia, el senador Bartolomé Abdala -presidente provisional- comanda la sesión.
El debate
La discusión en el recinto no pudo desligarse de los audios de Diego Spagnuolo. La oposición utilizó el escándalo en el Poder Ejecutivo para rechazar el veto de Milei; el oficialismo lo catalogó como una operación para “desestabilizar” al Gobierno.
El catamarqueño Guillermo Andrada (UP) puso en tela de juicio el corazón de la política de Milei: “Lo que pensábamos que era una cuestión de eficiencia fiscal está apareciendo como una matriz de corrupción. Esto no es eficiencia, es crueldad”.
Del mismo espacio, la fueguina Cristina López entonó al ritmo de “Guantanamera” la canción que -dijo- canta la gente en la calle: “Alta coimera, Karina es alta coimera”.
La larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) fue al hueso. Explicó que la discapacidad no es un problema privado, sino que es un problema del Estado por su rango constitucional y sentenció: “Cuando me pregunten de donde sale la plata para financiar esta ley, les voy a contestar que sale del sobreprecio y la coima así que no insistan”.
En defensa del oficialismo, la senadora bullrichista, Carmen Álvarez Rivero (Pro) acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno. “No necesitamos otra ley ni declarar emergencias, necesitamos gestión”, evaluó. Anticipó que acompañará el veto presidencial, pero exigió: “Aprovecho este momento para pedirle públicamente al ministro Lugones: aumentemos hoy, esta tarde, los aranceles para que las personas puedan seguir recibiendo las prestaciones que necesitan, para que los profesionales puedan seguir trabajando”.
El detalle de los proyectos
Diputados ya dio el primer paso con la emergencia en discapacidad: 172 votos a favor entre bloques críticos y “heridos” del último cierre de listas. Con ese antecedente y el caso Andis en primer plano, en el Senado la oposición confía en reunir los dos tercios para sostener definitivamente la ley. De ocurrir, sería la primera insistencia que el Congreso le impone a esta administración y un golpe al escudo legislativo de Milei.
La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.
El Gobierno la vetó por el costo fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como no se aplicará el aumento jubilatorio -Diputados no logró insistir con esa ley-, el impacto de la emergencia en discapacidad, sin cambios en movilidad ni bonos, caería a un rango de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.
La reforma sobre DNU no implica erogaciones, pero sí tiene efectos institucionales. Un arco amplio -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo. La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.
El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.
Con dictamen firmado, la iniciativa necesita mayoría simple para obtener media sanción en el Senado. La última palabra la tendrá Diputados.
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