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Operativos más estrictos para evitar el ingreso de armas en bares

El Ministerio de Interior y Policía anunció que intensificará la fiscalización en bares, discotecas, colmadones, casinos, restaurantes con áreas de bar y eventos masivos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la prohibición del porte de armas de fuego en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas.

La ministra Faride Raful explicó que esta medida, contenida en la resolución 004-2025 y respaldada por la Ley de Armas, busca evitar incidentes violentos como el ocurrido el 31 de julio en el Bar Restaurante MG Kitchen, donde un hombre fue asesinado a tiros.

“Hay una prohibición de entrar armas de fuego a centros de expendio de bebidas alcohólicas. No importa si son legales o ilegales, que tengan licencia o no”, indicó Raful tras una reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Sanciones

Raful subrayó que los dueños de establecimientos también son responsables de impedir el ingreso de personas armadas a sus locales, y advirtió que aquellos que incumplan enfrentarán sanciones administrativas que podrían incluir el cierre temporal y, en casos recurrentes, el cierre definitivo por orden judicial.

“Tienen una cuota de responsabilidad para fiscalizar; de lo contrario, enfrentarán las sanciones establecidas”, manifestó.

Las armas encontradas en estos locales serán incautadas y remitidas de inmediato al Ministerio Público.

Los operativos estarán a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta, con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional y otras agencias del orden.

La funcionaria reiteró que no cesarán en los operativos ante los registros que involucran incidentes en estos centros.

“Vamos a seguir fortaleciendo la fiscalización de los bares y restaurantes para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo“, expresó Raful.

Además, se mantiene la vigilancia en zonas de alta concentración de negocios nocturnos, como la avenida Gustavo Mejía Ricart, para garantizar el cumplimiento de los límites de horario en la venta de alcohol y prevenir alteraciones al orden público, atendiendo las quejas de residentes, hoteles y centros educativos del área.

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