Un operativo de alcance mundial permitió desbaratar una red vinculada a la tenencia, producción, facilitación, transmisión y distribución de material de abuso sexual infantil, con el despliegue de 73 procedimientos en varios países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En Argentina, se realizaron más de 70 allanamientos que resultaron en la aprehensión de 22 personas y el secuestro de una gran cantidad de dispositivos electrónicos.
El despliegue formó parte de la quinta etapa del operativo internacional denominado “Aliados por la Infancia”, cuyo principal objetivo es desbaratar redes de producción e intercambio de material de abuso sexual infantil. La pesquisa local estuvo coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y encabezada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. El análisis de las plataformas ICACCOPS y CPS fue clave para identificar usuarios en redes P2P vinculados a la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, tras la verificación de domicilios de diferentes usuarios que compartían y difundían imágenes pornográficas de menores, se llevaron a cabo operativos en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.
En total, los investigadores incautaron 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 equipos electrónicos, cuatro elementos no digitales, 32 notebooks, 20 computadoras, 11 tablets y un arma.
En la provincia de Buenos Aires, se detuvo a 13 personas, 12 varones y una mujer, de entre 29 y 80 años. Además, se localizaron dos menores convivientes que quedaron bajo resguardo judicial. En este contexto, se decomisaron nueve computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una consola PlayStation 3 y una cámara HD.
En Río Gallegos, los jueces a cargo ordenaron diez allanamientos simultáneos, donde fueron demoradas cuatro personas de entre 20 y 42 años, y cuatro menores quedaron a disposición de la justicia.
Durante los operativos en la capital santacruceña, se secuestraron 14 teléfonos celulares, 11 pendrives, seis notebooks, dos discos externos, tres CPU, dos tarjetas de memoria, una memoria RAM, dos consolas de videojuegos, un televisor Smart, un decodificador Roku, además de documentación y material de interés para la causa.
Los pedidos de alerta desde España influyeron en el despliegue de los procedimientos, relacionados con el consumo de material de abuso sexual infantil. Se han encontrado menores involucrados y adultos, y se han incautado dispositivos telefónicos y material pornográfico, según el jefe de Delito Organizado del Sur, comisario mayor Luis Poblete.
En Posadas, Misiones, se detuvo a un hombre de 55 años tras los allanamientos dispuestos por la Procuración General de Misiones. En este escenario, se decomisaron computadoras, servidores y teléfonos celulares.
La investigación se llevó a cabo bajo los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, que sancionan la tenencia, producción, descarga, divulgación y distribución de material de abuso sexual infantil, así como el grooming. Los informes iniciales fueron emitidos en Estados Unidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), lo que derivó en alertas a las autoridades judiciales argentinas.
En Perú, ocho personas fueron arrestadas en procedimientos coordinados por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, que encabezó allanamientos en el distrito de Ventanilla. Los detenidos estarían involucrados desde 2024 en la captación, almacenamiento, distribución y comercialización de imágenes y videos de abuso sexual infantil, utilizando medios digitales y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram.
El operativo fue dirigido por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco y el fiscal adjunto Leonardo Guffanti Parra, quienes también dispusieron el secuestro de teléfonos celulares para ser sometidos a peritajes especializados como parte de las diligencias en curso.
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