Florida está experimentando un año de profundos cambios en su marco legal migratorio, impulsados por el gobernador Ron DeSantis. Estas leyes están alineadas con las políticas del presidente Donald Trump y buscan reforzar el control sobre la inmigración irregular. Algunas de estas medidas han sido cuestionadas en los tribunales, mientras que las comunidades de inmigrantes ya están sintiendo su impacto.
SB 2-C: refuerzo de la cooperación con el ICE en Florida
Esta legislación amplía la coordinación entre autoridades estatales y locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, introduce nuevas restricciones contra indocumentados.
- Prohibición de licencias: el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados no puede emitir licencias de conducir ni identificaciones a indocumentados.
- Sanciones a funcionarios: los empleados estatales o municipales que se nieguen a colaborar con ICE pueden ser suspendidos y recibir multas de hasta 5000 dólares.
- Junta de Aplicación Migratoria: se crea un organismo encabezado por un “zar migratorio”, Larry Keefe, encargado de coordinar esfuerzos con el ICE y gestionar un programa de subvenciones.
- Programa 287(g): extiende la participación de todos los cuerpos de seguridad, permitiendo que policías estatales y locales ejecuten funciones migratorias.
- Restricciones de liberación: los indocumentados acusados de delitos graves no pueden solicitar fianza hasta la primera audiencia.
SB 830: control de embarcaciones con migrantes en Florida
Esta ley regula el manejo de embarcaciones improvisadas usadas por migrantes procedentes de Cuba, Haití y otras islas del Caribe.
- Definición de embarcación migrante: considera cualquier barco utilizado para ingresar de manera irregular al país.
- Acción inmediata: autoriza a las autoridades locales a retirar o trasladar estas embarcaciones.
- Mayor capacidad operativa: amplía las facultades de intervención de la policía.
- Vigencia: entró en vigor el 1° de julio de 2025.
HB 915: control sobre servicios migratorios
Esta norma busca proteger a inmigrantes vulnerables frente a fraudes cometidos por personas que se presentan como asesores legales.
- Restricciones de uso de términos: se prohíbe que notarios o personas no autorizadas usen términos que puedan inducir a error.
- Avisos obligatorios: los prestadores de servicios que no sean abogados deben aclararlo en sus anuncios.
- Recurso legal para víctimas: quienes sean engañados pueden iniciar demandas civiles.
- Entrada en vigencia: la norma comenzó a regir el 1° de julio de 2025.
SB 4-C: sanciones más duras para inmigrantes sin estatus legal
Esta normativa define como “extranjeros no autorizados” a quienes carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos y establece un régimen de penalizaciones más severo.
- Entrada ilegal: ingresar a Florida sin pasar por la inspección migratoria federal constituye un delito menor de primer grado.
- Detención obligatoria: toda persona arrestada bajo esta categoría debe permanecer bajo custodia.
- Notificación al ICE: las autoridades locales están obligadas a informar al ICE sobre cada arresto.
- Pena de muerte automática: la ley establece la condena capital obligatoria para inmigrantes irregulares condenados por delitos capitales.
Nuevos centros de detención para migrantes en Florida
Florida ha habilitado instalaciones específicas para alojar a personas en proceso de deportación.
- Alligator Alcatraz: un centro de alta seguridad para detenciones prolongadas.
- Deportation Depot: instalado en una prisión estatal en desuso en el norte de Florida.
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