Mariangel Barbosa, una joven venezolana que emigró a Florida hace siete años, se enfrenta a un obstáculo significativo en su educación debido a una nueva ley implementada por el gobernador Ron DeSantis. Esta normativa eliminó el beneficio de matrícula estatal para jóvenes inmigrantes sin residencia permanente, lo que ha incrementado considerablemente los costos de su educación.
Barbosa, que soñaba con convertirse en criminóloga y estaba a un paso de graduarse en la Universidad Atlántica de Florida, ahora se ve obligada a pagar tarifas como si fuera una estudiante extranjera. Anteriormente, abonaba el mismo monto que cualquier residente del estado, pero tras la derogación de la ley, el costo de una sola materia se ha triplicado, obligándola a retrasar su graduación un año.
Impacto de la nueva legislación
La eliminación del descuento de matrícula, conocido como in-state tuition, ha afectado a muchos estudiantes con programas como DACA, TPS o en procesos de asilo. En la Universidad Internacional de Florida, las tarifas para no residentes superan los 9,283 dólares por semestre, en contraste con los 3,084 dólares que pagaban anteriormente los estudiantes con matrícula estatal.
Barbosa no es la única afectada; miles de estudiantes inmigrantes, conocidos como Dreamers, se ven obligados a abandonar sus estudios o transferirse a instituciones que ofrezcan tarifas más accesibles. Ella ha decidido trasladarse a otra universidad que ha firmado un acuerdo con la organización Dream US para mantener precios asequibles.
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