María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, busca disipar la percepción de “agravio” en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Su objetivo es establecer un sistema en el que “ninguna comunidad saldrá perjudicada” y donde “todos los territorios contarán con más recursos”.
Montero presentó estas premisas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde anunció que el Gobierno tiene previsto presentar una propuesta de reforma entre finales de enero y principios de febrero.
La ministra tiene la intención de presentar su propuesta antes de dejar el Gobierno para postularse como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas. Ante la proximidad de la campaña electoral, Montero busca neutralizar el discurso del agravio, especialmente ante el posible coste político de un modelo de financiación que surja de un acuerdo con los independentistas catalanes. La estrategia, similar a la aplicada con la condonación de deuda, busca un enfoque que beneficie a todas las comunidades.
Equilibrios y Solidaridad Interterritorial
Para lograr este objetivo, se plantea un equilibrio entre la multilateralidad y la bilateralidad, sin descartar la ordinalidad. Sin embargo, se busca sortear esta cuestión, incluso entre las federaciones del PSOE, mediante la “solidaridad interterritorial”. Montero se ha comprometido a que este principio se recoja de forma explícita, con transparencia y basándose en “criterios objetivos”.
El Gobierno busca una fórmula aplicable a todas las comunidades del régimen común, pero que a su vez tenga en cuenta y respete las “singularidades o particularidades territoriales”. En el caso de Cataluña, se consideran aspectos como la inspección del Trabajo, la lengua propia, el sistema penitenciario y la seguridad a cargo de los Mossos d’Esquadra. Como parte del acuerdo con ERC, se plantea un nuevo modelo de “gestión en red del sistema tributario” para que las comunidades puedan recaudar ciertos impuestos. Este modelo busca “compatibilizar solidaridad a igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singulares”.
Reacciones y Desafíos
Sin embargo, no todas las comunidades autónomas se muestran optimistas sobre las posibilidades de que la propuesta salga adelante. La falta de consenso inicial y la aritmética parlamentaria, con posibles bloqueos por parte de Junts y Podemos, no auguran un camino fácil. La proximidad de las elecciones autonómicas tampoco facilita las negociaciones, ya que los territorios defienden criterios distintos, e incluso contrapuestos, para el nuevo modelo de financiación.
Aumento Generalizado de Recursos
A pesar de los desafíos, el Gobierno se mantiene firme en su objetivo de que “antes de que acabe la legislatura el modelo esté aprobado” y, de ser posible, que entre en vigor en 2027. Independientemente del resultado de la tramitación parlamentaria, Montero busca presentar un modelo que garantice un aumento generalizado de recursos para todas las comunidades, comenzando por Andalucía. La intención es presentar el modelo en su totalidad, sin centrarse en variables específicas, para mostrar el “resultado global para cada comunidad”.
Tras la reunión del CPFF, consejeros de comunidades gobernadas por el PP criticaron la propuesta, argumentando que tiene una finalidad electoralista. Desde la Comunidad de Madrid, se cuestionó que Hacienda busque “nadar y guardar la ropa para contentar a los independentistas y poder presentarse a las elecciones andaluzas”. El consejero murciano calificó la propuesta como “el cuento de la lechera”, criticando la falta de concreción y la dificultad de lograr un acuerdo en tan poco tiempo.
El discurso del “agravio” es promovido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y amplificado por el Partido Popular a nivel nacional. Sin embargo, incluso dentro de las federaciones socialistas se reconoce el “coste político” que podría tener para los intereses en Andalucía presentar un modelo pactado con los independentistas. El Gobierno busca contrarrestar estas críticas asegurando que su propuesta será positiva para todas las comunidades. Si bien se asume que todas las autonomías contarán con más recursos debido a la evolución positiva de los ingresos fiscales, la “clave” para gobiernos como el de Castilla-La Mancha es que el sistema sea “justo” y que los criterios para el reparto de esa plusvalía no dependan del ciclo económico.
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