La saga del tormento no ha concluido. La grabación clandestina de una conversación del ministro de Economía, Luis Caputo, ha generado inquietud en un gobierno ya agitado. Un periodista, que prefirió no difundir ese audio, lo entregó a la Justicia. Este audio llegó al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli, en el marco de la causa abierta por la denuncia del Gobierno sobre espionaje ilegal tras la difusión de conversaciones de Karina Milei, grabadas supuestamente en su despacho. Ercolini delegó en Stornelli la investigación, quien expresó su interés en llegar a la “génesis” de los audios y reconstruir la trama hasta su difusión.
El nuevo audio de Caputo se grabó aparentemente en un lugar público y no se corresponde con una pinchadura telefónica. En esta grabación, el ministro no dice nada que pueda comprometer su gestión. Otro funcionario tuvo acceso a los 50 minutos de grabaciones de Karina Milei, pero tampoco encontró nada que la incriminara. Este funcionario sugirió que Karina Milei hiciera públicos esos audios para despejar dudas, pero no se tomó esa decisión. Hasta el momento, el único audio que plantea la posibilidad de irregularidades es el de Diego Spagnuolo, exasesor del Presidente, quien mencionó la posibilidad de sobornos relacionados con el suministro de medicamentos.
La difusión de conversaciones grabadas de dos de los tres funcionarios más importantes del gobierno, Caputo y Karina Milei, sugiere un mensaje mafioso: la existencia de más audios que podrían no ser tan inocentes. Además, se observa una innegable ineptitud del oficialismo, ya que ahora es el gobierno el que es grabado, no al revés. La administración de Milei ha visto comprometida la seguridad de sus altos funcionarios sin conocer a los responsables ni sus motivos. El Gobierno ha solicitado censura previa para los audios de Karina Milei, pero el juez Alejandro Patricio Maraniello dictó que no debía difundirse el contenido de los audios “anunciados”.
Es relevante mencionar que, según fuentes judiciales, la investigación podría concluir en delitos de corrupción en el Estado, aunque aún es prematuro señalar a los culpables. Los supuestos sobornos a funcionarios de Milei, relacionados con la droguería Suizo Argentina, están bajo la investigación del juez Sebastián Casanello. Este asunto ha cobrado relevancia tras la difusión de los audios de Spagnuolo, lo que llevó a la incautación de teléfonos celulares de los Kovalivker, dueños de la droguería.
El Congreso le ha hecho saber al Presidente que está decidido a poner fin a lo que se ha denominado “vetocracia”, refiriéndose a la tendencia del Presidente a vetar proyectos de ley en lugar de buscar consensos. Las dos cámaras lograron los dos tercios necesarios para anular el veto de Milei a un proyecto que mejora la asistencia del Estado a personas con discapacidad. Este tema es especialmente sensible, ya que en la agencia estatal que se ocupa de estas personas se habrían producido intercambios de medicamentos por sobornos.
La intolerancia de Milei se evidenció cuando el senador Luis Juez, quien tiene una hija con discapacidad, fue atacado por simpatizantes del Presidente tras votar a favor de anular el veto. Esto refleja una actitud agresiva que ha dificultado la construcción de mayorías legislativas. El Congreso ha anunciado que puede tumbar los vetos y podría transformar el sistema presidencialista en un gobierno parlamentario de hecho.
El Senado también modificó la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, facilitando su rechazo por parte del Congreso. Esta modificación busca devolver facultades al Poder Legislativo, que habían sido otorgadas al Ejecutivo en el pasado. La aprobación de esta modificación fue solo del Senado y requiere la homologación de la Cámara de Diputados.
Es probable que el nuevo proyecto de ley reciba un voto favorable en Diputados, dado que significa un retorno de facultades al Congreso. El camino entre la gloria y el tormento es dolorosamente breve para el gobierno de Milei.
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