La defensa del exjefe de ETA, Mikel Albisu Iriarte, conocido como ‘Mikel Antza’, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que suspenda su declaración programada para el 10 de septiembre. Esta solicitud se basa en que en esa fecha tiene reservadas unas vacaciones en Mallorca.
En un escrito, el extarra, que figura como investigado en el caso pero se encuentra en libertad, pide que se reprogramen los interrogatorios “para una fecha posterior al 11 de septiembre”.
La abogada de ‘Mikel Antza’ argumenta que el investigado tiene “desde hace varios meses” reservadas sus vacaciones en Mallorca entre el 4 y el 11 de septiembre, lo que le impide comparecer el día 10 por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián. Como respaldo, ha presentado el comprobante de los billetes de ferry.
El juez De Jorge había fijado la fecha de su interrogatorio y el de otros dos exmiembros de la organización terrorista, Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’, por su presunta participación en la planificación del asesinato de Ordóñez en San Sebastián el 23 de enero de 1995.
El instructor les imputa presuntos delitos de asesinato terrorista y atentado contra la vida de Ordóñez, basándose en “datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito”.
Los indicios provienen, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que forman parte del sumario, donde se indica que la decisión de llevar a cabo el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez fue tomada en Francia por el Comité Ejecutivo de ETA, y la orden de ejecución se transmitió al ‘comando Donosti’, que la llevó a cabo.
El asesino declaró el plan
El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y relató cómo se planificó y ejecutó el atentado, según lo recordado por el juez. Dos años antes, se había reunido con José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri’, en una cita donde se le impartieron las directrices de la cúpula de la banda.
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que actúa como acusación en el caso, ha celebrado que este sea el cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA, tras los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.
DyJ destacó en un comunicado que los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional aportados en la causa permitieron a los investigadores identificar a quienes estaban al mando durante algunos de los asesinatos.
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