El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes la activación de 350 millones de euros en ayudas para los afectados por la dana del 29 de octubre. Estas nuevas líneas de apoyo se caracterizan por la eliminación de la burocracia, un obstáculo que ha retrasado la llegada de subvenciones a los solicitantes. Con esta medida, la Generalitat eleva a 1.500 millones el total movilizado para la reconstrucción, recursos que provienen de la deuda autonómica.
“Se acabó el infierno burocrático”, afirmó Mazón durante el anuncio, que se llevó a cabo como una declaración institucional sin preguntas de la prensa. El president subrayó la necesidad de “corregir” la carga burocrática para acceder a las ayudas, destacando que los fondos se ingresarán de forma “automática” en las cuentas de los afectados que cumplan con los requisitos. “No van a tener que mover ni un papel”, añadió.
Los decretos que regulan estas ayudas se aprobarán en el próximo pleno del Consell, programado para este viernes, y los abonos comenzarán a realizarse este mes de septiembre, con el 15 de octubre como fecha límite.
Se reforzarán cuatro partidas que ya estaban en marcha, añadiendo la característica del ingreso automático. En cuanto a las ayudas de primera necesidad, que eran de 6.000 euros por persona afectada, se incrementarán en un 50 %, lo que significa que cada damnificado recibirá 3.000 euros adicionales, sumando un total de 120 millones de euros para esta partida.
Los propietarios de vehículos perdidos en la riada, aproximadamente 87.000, recibirán hasta 2.500 euros, dependiendo del tipo de coche siniestrado, con un presupuesto de 171 millones. Además, los autónomos sin empleados podrán percibir hasta 3.000 euros, con una dotación de 55 millones, beneficiando a unos 5.000 trabajadores por cuenta propia afectados por la dana.
Finalmente, los trabajadores afectados por un ERTE debido a la riada recibirán 360 euros, una cantidad que, según Mazón, el Gobierno se comprometió a pagar pero aún no ha cumplido.
Mazón también criticó al Gobierno central por su lentitud en el pago de las ayudas y la falta de apoyo financiero a la Generalitat, resaltando que “no disponemos del Consorcio de Seguros para maquillar los datos, ni de financiación a fondo perdido”. El president lamentó que la Comunidad Valenciana es la peor financiada y que siguen “solos” en esta situación.
El president consideró “inaceptable” que el Gobierno justifique su escaso avance en el pago de ayudas, que apenas alcanzan el 30 %. Con esta nueva fórmula, el Consell busca invertir esta tendencia: “Si sabemos qué ciudadanos cumplen los requisitos, ¿por qué obligarles a realizar trámites? Si sabemos qué coches han ido al desguace, ¿por qué pedir los datos?”, cuestionó.
A pesar de esto, Mazón negó que las nuevas ayudas sean una “competición” con el Gobierno central y pidió “colaboración y lealtad institucional”, lamentando que aún no se haya aceptado la creación de una comisión mixta para mejorar la cooperación entre administraciones.
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