El estadio Libertadores de América fue escenario de una serie de incidentes violentos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Los ataques, que incluyeron humillaciones y agresiones físicas, reflejan un comportamiento violento que recuerda a los códigos de la cárcel. Este episodio ha generado preocupación por la seguridad en los eventos deportivos.
Los hinchas chilenos, que ingresaron al estadio con la intención de causar disturbios, no solo rompieron objetos, sino que también lanzaron excrementos y llevaron a cabo actos de violencia extrema. Se informó que una empleada de limpieza fue obligada a ingerir orina durante los disturbios.
A pesar de las advertencias, la seguridad fue ineficaz. La falta de un cordón policial adecuado y medidas preventivas resultaron en que los hinchas de Independiente fueran agredidos sin protección. Las autoridades, incluyendo el Ministro de Seguridad provincial, intentaron desvincularse de la responsabilidad, a pesar de que la ley exige intervención policial en situaciones de emergencia.
Las consecuencias de estos eventos han llevado a un pedido de justicia y a una búsqueda de represalias, lo que refleja la cultura de violencia que persiste en el fútbol argentino. En este contexto, la falta de detenciones entre los agresores ha sido criticada, y se cuestiona si las víctimas de la violencia eran realmente responsables de los incidentes.
La Conmebol, que se negó a suspender el partido a pesar de las solicitudes de las autoridades, ha sido acusada de no querer mostrar el lado oscuro de los eventos que organiza. Este episodio ha puesto de manifiesto la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad en el fútbol, dejando al descubierto una cadena de responsabilidades que nadie parece querer asumir.
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