El lunes 18 de agosto, Andry Hernández Romero, de 32 años y originario de Capacho, Venezuela, cumplió un mes en libertad tras haber sido detenido durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Las autoridades migratorias estadounidenses lo esposaron y deportaron a mediados de marzo bajo la ley de Enemigos Extranjeros, acusándolo de ser miembro de la banda criminal Tren de Aragua. Su caso ganó visibilidad gracias al esfuerzo de familiares y amigos que difundieron pruebas que lo alejaban de cualquier actividad ilícita. También su deportación, junto a más de 200 compatriotas sin antecedentes penales, evidenció cómo la Administración Trump despojó a cientos de extranjeros de sus derechos para impulsar su cruzada antiinmigrante.
“Nuestras vidas cambiaron rotundamente, en todos los aspectos. Nuestros cuerpos hoy en día están en libertad, pero nuestras mentes siguen allá. Todavía no entendemos muchas cosas, todavía no recordamos muchas cosas”, expresa Hernández Romero en videollamada con EL PAÍS.
Su regreso a Capacho se convirtió en un acontecimiento entre vecinos, amigos y familiares que lo recibieron con hervido tachirense y pastel. “Me impactó verle las uñas. Las tenía como un indigente. Él es un hombre que cuida mucho su imagen personal… Me dolió verlo tan demacrado”, comenta su amiga Reina Cárdenas, quien fundó el Comité en Defensa de los Tachirenses Deportados y Enviados a El Salvador.
La travesía que lo llevó a Estados Unidos terminó sin resultados. “Nunca pisé una calle en ese país”, afirma. El 29 de agosto de 2024, se presentó a una entrevista con la aplicación CBP One en el punto fronterizo de San Ysidro, en San Diego. Pasó una evaluación preliminar, pero un agente detectó sus tatuajes y lo trasladó al centro de detención Otay Mesa. “Tengo ocho años con mis tatuajes, dos coronas en mis muñecas con la palabra dad y mom, en honor a mis padres. Jamás pensé que me confundirían con un pandillero”, explica. En el sistema de puntos del Departamento de Seguridad Nacional, recibió un puntaje de cinco.
Estuvo casi siete meses en prisión preventiva. Sus abogadas, Lindsay Toczylowski y Paulina Reyes, asumieron su defensa para ganar su petición de asilo, que fue denegada por una jueza de California. En marzo de este año, justo antes de una audiencia que definiría su situación, Hernández Romero fue trasladado a Nuevo Laredo, Texas, y deportado a El Salvador.
Su ingreso a la cárcel del presidente Nayib Bukele estuvo marcado por la humillación: le raparon el cabello. “Si para todos fue horrible que lo hicieran, imagina lo que significó para un estilista como yo verme hincado y completamente calvo”, lamenta. “No soy miembro de una banda. Soy gay. Soy estilista”, fueron sus palabras en ese momento, que le acarrearon consecuencias durante su estancia en prisión.
“Entramos 252 desconocidos, salimos 252 hermanos”
Hernández Romero compartió celda con otros 19 compañeros en el Cecot. En un ambiente dominado por hombres heterosexuales, marcó una línea que le permitió sobrevivir. “Soy de las personas que piensan que para todo hay un espacio. Desde que pisé El Salvador, les dije a los demás: ‘Ustedes me respetan y yo los respeto’”, expresa.
El compañerismo se fortaleció tras un episodio difícil. “Fui abusado sexualmente en el Cecot. Ocurrió un mes y medio después de mi llegada. Ha sido muy difícil revivir todo este acontecimiento”, confiesa. Aunque no era el único homosexual, fue el único que lo expresó abiertamente. “Los guardias lo convirtieron en su target”, añade.
La visita de una funcionaria de la Administración Trump al Cecot le permitió alzar su voz contra las vejaciones. “Yo estaba en la celda nueve y no pude verla porque empezamos a gritarle: ¡Libertad, libertad!”, recuerda.
Maquillar de nuevo
Hernández Romero no planea emigrar de nuevo. Estar con su familia es su prioridad, aunque espera reencontrarse con su pareja, un ciudadano estadounidense. “Todavía hablamos a diario. Él es psicólogo y me ha apoyado, pero no sabemos cuándo ni dónde nos volveremos a ver”, comenta.
Su retorno a casa también le ha supuesto empezar casi de cero. Llegó sin ropa ni celular, y su amiga Reina Cárdenas le devolvió parte del maquillaje que le había regalado. “Tengo planes de montar mi salón de belleza, pero abrir una empresa en mi país sigue siendo cuesta arriba; lo que más quiero es limpiar mi nombre. No tengo nada que ver con pandillas o crímenes”, se defiende.
La comunicación con sus compañeros del Cecot se ha mantenido. Los 11 liberados en el Estado Táchira abrieron un grupo de WhatsApp para apoyarse en su readaptación. “A veces nos reímos de lo que nos pasó, pero hay momentos en los que la soledad nos invade”, remarca. También planean un viaje con sus familiares en los próximos meses.
El 22 de agosto, Hernández Romero asistió a la boda entre su compañero, Carlos Uzcátegui, y Gabriela Mora. “Trabajé mucho por su liberación, y para mí es un honor que sea él quien me maquille y peine el día de mi boda”, comenta Mora. Uzcátegui recuerda que la noche antes de la liberación, Hernández le dijo: “Tranquilo, que mañana nos vamos”. “Esta boda es la prueba de que el infierno ya pasó, pero una parte sigue dentro de nosotros”, asegura.
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