Los audios recientes que sugieren la existencia de coimas en el área de Discapacidad llevaron a la salida de dos funcionarios y abrieron un nuevo frente judicial para el Gobierno. La voz en esas grabaciones, que se cree pertenece a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), también menciona el ámbito privado.
En particular, se menciona a Suizo Argentino S.A., una de las principales empresas del país en el sector de distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud. La compañía, que ha ampliado sus actividades hacia otros sectores como la estética y la nutrición animal, tiene una trayectoria de más de 100 años y varias plantas distribuidas en todo el país. Mantiene vínculos con la política, especialmente con el peronismo, y lazos comerciales con el Estado.
Según documentos a los que tuvo acceso LA NACION, los socios de la empresa son Eduardo Kovalivker, actualmente dedicado a la escritura; sus hijos Emmanuel y Jonathan; y Marcela Sandra Viner.
Tras la difusión de los audios, que causaron un prolongado silencio del Gobierno, Spagnuolo y el director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis, Daniel María Garbellini, fueron destituidos. Se formalizó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, impulsada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.
No es la primera vez que la empresa es objeto de investigación. En agosto de 2024, el abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual la denunció por presuntas irregularidades en la adjudicación de un servicio por $24.000 millones, también con la agencia Andis. Aunque la causa fue archivada, el expediente reveló la magnitud de algunas de sus operaciones con el Estado, ya que el año pasado la droguería cobró cerca de 15.000 millones de pesos.
Diego Mizrahi, asesor de la agencia, declaró que los pagos mencionados en la denuncia eran falsos y que se realizaron a través de los canales normales de contratación. Explicó que los pagos eran parte de un programa federal bajo Andis, denominado “Incluir Salud”, destinado a cubrir la demanda de medicamentos de alto costo, y que todas las compras se realizaron mediante un sistema interno de competencia.
En 2024, Droguería Suizo Argentina S.A. recibió pagos por un total de $15.118.052.371, lo que representó casi el 20% de todos los desembolsos realizados en ese programa. El 80% restante se distribuyó entre otros 57 proveedores del rubro.
La causa tramitó en el Juzgado Federal 11, que subroga Sebastián Casanello, y se cerró en febrero de este año tras la solicitud de archivo del fiscal Carlos Rívolo, quien determinó que el procedimiento era competitivo y que la Droguería Suizo Argentina S.A. no había recibido un trato diferencial.
Vínculos con el peronismo
En 2020, la compañía alcanzó un acuerdo con el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para establecer una planta de almacenamiento y logística en la provincia, a cambio de beneficios impositivos. Este acuerdo fue controvertido en la Legislatura y se formalizó a través de la Ley 9.258, que eximía a la Suizo del pago de Ingresos Brutos durante cinco años a cambio de una inversión de $400 millones y la creación de 100 nuevos puestos de trabajo.
LA NACION se contactó con la compañía, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de esta publicación. En 2022, cuando la planta fue inaugurada, el gobernador Manzur celebró la inversión en redes sociales.
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