La decisión de un tribunal de apelaciones de anular los aranceles globales impuestos por la Administración de Donald Trump representa un golpe significativo para el líder estadounidense. Esta orden judicial no solo socava la base de su política económica y comercial, que se fundamenta en que las tasas a los productos extranjeros contribuirían a reducir el déficit y a financiar recortes fiscales, sino que también desafía su afirmación de que como presidente puede “hacer lo que quiera” al interpretar las leyes a su favor.
El fallo del tribunal se emitió en un momento diseñado para minimizar su impacto, anunciándose tras el cierre de los mercados el viernes y justo antes de un fin de semana largo, ya que el lunes es festivo en Estados Unidos. Esto brinda más tiempo a las partes para decidir cómo reaccionar ante esta situación que podría costar a Washington billones de dólares. Por ahora, los aranceles se mantendrán hasta el 14 de octubre, permitiendo a las partes apelar ante el Tribunal Supremo si así lo desean. Además, el caso ha sido enviado de vuelta a un tribunal inferior, la Corte de Comercio Internacional en Nueva York, para que determine si el fallo debe aplicarse a todos los afectados o solo a los demandantes que originaron esta sentencia.
El Gobierno tiene la opción de esperar el resultado de las deliberaciones en el tribunal inferior o acudir directamente al Supremo, donde la mayoría conservadora suele respaldar las posiciones del presidente. Trump, cuya política comercial ha alterado los mercados financieros y generado incertidumbre entre empresarios y consumidores, advirtió en sus redes sociales que si el fallo se aplica, “literalmente destruirá a los Estados Unidos”. A pesar de esto, el presidente continuó con sus planes de ocio y anunció su intención de apelar ante el Supremo, al considerar que el fallo proviene de un tribunal ideologizado.
El fallo, respaldado por una mayoría de siete jueces frente a cuatro, reafirma una decisión anterior del Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que en mayo determinó que Trump excedió sus competencias al aplicar aranceles bajo una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA). Tanto la corte inferior como el tribunal de apelaciones concluyeron que esa ley no otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles, una prerrogativa que corresponde únicamente al Congreso, el cual no ha delegado tal poder al presidente.
Los jueces explicaron que “concluimos que el Congreso no entregó al presidente una amplia autoridad para imponer aranceles” como los que Trump ha aplicado a otros países, que comienzan en un 10%. Esta resolución afecta a los aranceles establecidos bajo la IEEPA, incluyendo los “aranceles recíprocos” aplicados a países como México y China, así como a India por la compra de petróleo ruso. Sin embargo, no afecta a otros aranceles sectoriales, como los impuestos sobre automóviles, acero o aluminio, que se basan en otras leyes, ni a las tasas impuestas a China que fueron mantenidas por Joe Biden.
La sentencia, si se mantiene, cuestiona los acuerdos comerciales que la Administración Trump había alcanzado con otros países, muchos de los cuales firmaron bajo la amenaza de aranceles más altos. Esto incluye acuerdos con Japón, Indonesia y la Unión Europea, que había prometido invertir casi 700.000 millones de euros en la compra de energía y semiconductores estadounidenses.
El Gobierno de Washington sostiene que desmantelar su sistema de aranceles podría llevar a “la ruina financiera” del país, ya que se perderían billones de dólares en ingresos y se vería obligado a devolver sumas significativas recaudadas por estos impuestos. Según datos del Departamento del Tesoro, desde principios de año hasta el mes pasado se habían recaudado 159.000 millones de dólares en aranceles, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.
Trump ha afirmado que estos ingresos permitirían abordar el déficit estadounidense y su considerable deuda de 37,3 billones de dólares. Además, ha sugerido que con los fondos de los aranceles se podría crear un fondo soberano que beneficiaría a cada ciudadano, similar a lo que ocurre en algunos países ricos en petróleo.
La decisión judicial también podría debilitar la posición de Trump en futuras negociaciones comerciales. Aunque los acuerdos actuales pueden no deshacerse automáticamente, la Administración podría perder un pilar de su estrategia de negociación, lo que podría motivar a gobiernos extranjeros a resistir demandas o renegociar términos acordados, según Ahsley Akers, de la firma de abogados Holland and Knight.
A pesar de la ilegalidad de la vía de la IEEPA, la Administración aún cuenta con otras herramientas para imponer aranceles, como la sección 232 de la Ley de Ampliación del Comercio de 1962, aunque este proceso es más lento y requiere que el Congreso realice investigaciones sobre prácticas comerciales extranjeras que representen una amenaza para los intereses nacionales.
El Tribunal de Comercio de Estados Unidos sugirió en su fallo de mayo que la Ley de Comercio de 1974 podría otorgar a Trump cierta autoridad para imponer aranceles como respuesta a déficits comerciales, aunque esta autoridad es limitada: solo se podría aplicar un 15% durante 150 días y únicamente a países con los que Estados Unidos tenga amplios déficits comerciales.
Por ahora, la reacción mundial a esta medida que podría alterar las relaciones comerciales de Estados Unidos ha sido cautelosa. Bruselas, consciente de la imprevisibilidad de la política estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha optado por permanecer en un segundo plano, evitando comentarios sobre la decisión judicial. Este anuncio del tribunal llega justo después de que la Comisión Europea comenzara a implementar el acuerdo comercial con Estados Unidos, el cual ha sido criticado en Europa por su desequilibrio a favor de Estados Unidos.
“La Comisión continuará trabajando para implementar la declaración conjunta UE-EE UU, buscando restablecer la estabilidad y previsibilidad en nuestras relaciones de inversión, en beneficio de empresas, trabajadores y ciudadanos en ambos lados del Atlántico”, afirmó Bruselas tras este nuevo giro judicial.
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