Pedro Sánchez ha comenzado el curso político denunciando una supuesta guerra sucia judicial, lo que ha elevado la tensión entre los poderes del Estado. Sectores de la judicatura han criticado sus actitudes, calificándolas de populistas. Aunque no es la primera vez que desde el Ejecutivo se lanzan acusaciones sobre mala praxis en casos que involucran a Sánchez, es notable que el propio presidente acuse a los jueces que llevan estos procesos de estar “haciendo política” en su contra. Esta situación, junto al respaldo al fiscal general del Estado, quien está siendo procesado por revelación de secretos, marca el inicio del año judicial más atípico.
Las amenazas de boicot por parte de sectores conservadores se suman a la decisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir al acto presidido por el rey Felipe VI. Feijóo optará por acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la apertura de su curso político, señalando que las declaraciones de Sánchez ponen en entredicho al Tribunal Supremo. Las acusaciones de Sánchez, aunque limitadas por sus ministros a una “minoría” de jueces, se han incorporado al discurso de Moncloa, donde el propio Sánchez ha insistido en la supuesta intencionalidad ideológica detrás de la persecución judicial.
Sánchez ha enmarcado la existencia de “algunos jueces que hacen política” como una “realidad” que también afecta a otras democracias, especialmente aquellas con gobiernos progresistas. Un ministro cercano a Sánchez ha justificado estas acusaciones como reacción a ataques previos, afirmando que su gobierno ha sido respetuoso con el poder judicial, a diferencia de lo que perciben en la oposición.
Desde el sector progresista del CGPJ se anticipa un “choque de trenes” entre poderes
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha mantenido esta línea argumentativa, afirmando que el debate sobre las malas prácticas de ciertos jueces es un tema compartido por la ciudadanía. Aunque ha calificado estas acciones como “muy minoritarias”, advierte que pueden causar daño tanto a nivel político como a la justicia misma. Sin embargo, Bolaños ha evitado responsabilizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no frenar procedimientos que podrían implicar prevaricación.
Sánchez ha instado al CGPJ a reflexionar sobre lo que considera “procesos defectuosos” y a valorar si estas causas abiertas respetan la independencia y la presunción de inocencia. El titular de Justicia ha expresado su confianza en el Estado de derecho, asegurando que se corregirán las resoluciones que no sean conformes a la ley.
La fundación Avanza del PSOE, creada por Sánchez como un laboratorio de ideas, ya había comenzado a hablar de una “ofensiva democrática” antes de que se procesara al fiscal general, describiendo el cerco judicial al gobierno como una forma de “lawfare”. En este contexto, se recomendaba “comenzar a llamar a las cosas por su nombre y, quizás, pasar a la ofensiva”.
Ante el choque entre el Gobierno y sectores de la judicatura, no hay espacio para cuestionar la continuidad del fiscal general. La ministra de Defensa, Margarita Robles, había insinuado dudas sobre su permanencia, pero dejó en manos de Álvaro García Ortiz la decisión sobre cómo proceder.
Acto previo en el Supremo
Este martes se llevó a cabo un acto en el Tribunal Supremo, donde se reunió la cúpula judicial, solo dos días antes de la apertura solemne de tribunales con el Rey. Durante el cóctel posterior, se pudo percibir el malestar entre los magistrados por las declaraciones de Sánchez. Los vocales progresistas del CGPJ reconocieron que estas manifestaciones no se han realizado en el mejor momento.
El acto también marcó la toma de posesión de presidencias clave en el alto tribunal, que fueron ocupadas por magistrados conservadores tras la polémica retirada de candidatas progresistas antes del verano. Los corrillos en el evento se centraron en las palabras de Sánchez y la presencia del fiscal general en el acto institucional, quien enfrenta un proceso por revelación de secretos. El clima de enfrentamiento entre el Gobierno y la judicatura parece haber regresado tras el parón estival.
Desde el sector progresista del CGPJ, se considera que el “choque de trenes” entre poderes del Estado se evidenciará el viernes. El órgano de gobierno de los jueces no descarta pactar una respuesta institucional al presidente, aunque no se esperan novedades en su contenido en comparación con anteriores reclamos de respeto a la clase política.
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