Se suele hablar de “sábana corta” en relación a la insuficiencia de recursos para cubrir todas las necesidades. En la actualidad, ante la general aceptación de que “no hay plata”, se evidencian la incoherencia, demagogia e hipocresía de parte de la política.
Los argentinos han creído en la idea de que los gobiernos pueden gastar sin límites. Sin embargo, si una familia o un negocio hicieran lo mismo, se enfrentarían a la quiebra. Los Estados también quiebran, y los costos de estas crisis han recaído en el bienestar de la población. Estas crisis ocurrieron cuando se agotó la capacidad de endeudamiento del gobierno, resultando en quitas de más de la mitad de la deuda. Esto ha sucedido en nueve ocasiones. ¿Es sorprendente que pocos deseen financiar al Estado?
A pesar de las crisis, el gasto excesivo continuó. Esto se logró mediante la financiación del Banco Central argentino (BCRA), que emitió más moneda de la que la población demandaba, provocando la pérdida de valor del dinero. Este fenómeno se conoce como “impuesto inflacionario”, ya que el Estado gasta más a expensas del poder adquisitivo de la población, empobreciéndola. Esto ha llevado a crisis monetarias y cambiarias, así como a tres hiperinflaciones.
Afortunadamente, la mayoría de la población ha comprendido que el Estado no puede seguir gastando indefinidamente. Sin embargo, tanto argentinos como extranjeros dudan de que se mantenga un enfoque responsable y austero. Sería un milagro que creyeran en ello, dado que, durante un año y medio, el actual gobierno logró mantener las cuentas públicas en orden. Ceder a la “gastomanía” implicaría perder la confianza recuperada, similar a un alcohólico que vuelve a beber tras un largo tratamiento.
Los legisladores han aprobado leyes que incrementarían el gasto en un 2,4% del PBI anual, aunque el ejecutivo ha vetado estas iniciativas. La discusión sobre el gasto se renueva y se anticipa que continuará hasta que se forme una nueva legislatura. Algunos sugieren que el gobierno podría utilizar parte del ingreso adicional proyectado para cubrir costos en 2024, que representan un 0,8% del PBI. Sin embargo, el ahorro que busca el gobierno es para pagar intereses y no para seguir acumulando más deuda pública.
Es evidente que muchos políticos no consideran cómo evitar el endeudamiento neto el próximo año, cuando el costo será del 2,4% del PBI. Además, piden reducir la elevada presión tributaria que ellos mismos contribuyeron a crear. Muchos economistas y parte de la dirigencia también exigen recortes en el gasto público, algo que es complicado de lograr en 2024.
Una parte de la dirigencia desea regresar a la anormalidad que ha marcado a Argentina durante décadas. Sin embargo, también hay quienes buscan un país normal, aunque sus reclamos son contradictorios, como la demanda de una rápida reducción de impuestos sin afectar la solvencia fiscal. Se ha anunciado que el peso del gasto público sobre la producción será igual o menor que en 2024, y los ingresos tributarios tienden a aumentar más rápido que la economía en crecimiento.
Además de la reducción de impuestos, se piden aumentos en inversiones en infraestructura, lo que solo se puede lograr recortando gastos innecesarios. Este gobierno ha estado trabajando en esto, pero podría avanzar más rápido si el Congreso le otorgara más facultades. Mi consejo a quienes desean una reducción más rápida de la presión tributaria y más inversiones útiles es elegir representantes que se comprometan a manejar las finanzas del Estado con la misma eficiencia y austeridad que se aplica en el ámbito familiar.
Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso
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